La subcontrata del Camp Nou que está despidiendo obreros 'sin papeles' trató de regularizarlos tras la denuncia

La empresa Extreme Works UAB, subcontrata que opera en las obras del Camp Nou, trató, sin éxito, de regularizar a toda prisa los permisos de residencia y trabajo de diversos de los trabajadores que acabó despidiendo y por lo que está siendo investigada por la Generalitat.

Según ha podido confirmar El Periódico de Catalunya de distintas fuentes conocedoras, la compañía -que opera societariamente bajo el nombre de Extreme Construction and Energy S.L.- recurrió a un notario del centro de la ciudad de Barcelona para tratar de que al menos 12 empleados firmaran un poder notarial que autorizaba a la empresa a tramitar por ellos los permisos caducados o inexistentes. Finalmente, dicha firma no se produjo.

Un movimiento que tuvo lugar la última semana de octubre, casi justo un mes después de que la Inspección de Trabajo se personara en las instalaciones del Camp Nou y pudo acreditar que decenas de operarios de distintas compañías, entre ellas Extreme Works UAB, estaban trabajando sin los permisos en regla.

Dicha gestión podría buscar burlar, presuntamente, la acción inspectora, que si acredita finalmente que estos trabajadores llevaban meses operando sin permisos, impondrá una sanción monetaria a la subcontrata.

Extreme Works UAB es una compañía que tiene sede en Lituania y que está proveyendo de mano de obra cualificada -soldadores, ingenieros, técnicos de prevención de riesgos laborales, etc- a Limak, la constructora principal del Camp Nou. Los obreros subcontratados que han sido cesados son de origen turco, si bien llegaron a Barcelona con permisos de residencia de países del este de la Unión Europea, como, por ejemplo, Hungría.

Sobre esta cuestión, a preguntas de El Periódico de Catalunya, desde Limak insisten en que "los trabajadores pertenecen a una empresa subcontratada, que es directamente responsable de su relación laboral".

También añaden que, pese a las reiteradas denuncias a lo largo de los más de dos años de obras que han realizado distintos empleados subcontratados en su obra, Limak mantiene "una política de tolerancia cero frente a cualquier vulneración de los derechos de los trabajadores y exigimos el pleno cumplimiento de la ley y de las condiciones laborales en todas las fases del proyecto".

Despidos como represalia

Los despidos en esta subcontrata se comenzaron a producir, según denuncia el sindicato CCOO de Catalunya, una vez varios empleados acudieron a su sede para tratar de regularizar su situación.

La problemática para los obreros reside en que, al no tener permisos en regla, si vuelven a su país de origen, Turquía, luego no podrían volver a trabajar a Barcelona y deberían renunciar a los sueldos que aquí han estado cobrando hasta ahora.

Unas nóminas sobre los 2.000 euros, por entre 50 y 60 horas semanales de lunes a domingo, según explican diversos trabajadores, que contravendría las condiciones establecidas en el convenio de la construcción de la provincia de Barcelona, que es de obligado cumplimiento para todas las empresas que trabajan en Barcelona, sean de donde sean.

Pese a ello, esos 2.000 euros mensuales representan un buen ingreso comparativamente con lo que ganarían estos trabajadores si estuvieran en una obra de Turquía y les permiten mandar giros a sus familias para mantenerlas. Pero, al mismo tiempo, estar aquí de forma irregular, entre otros, les impide ver desde hace meses a sus familias.

Arreglar las deudas

Desde que el viernes de la semana pasada se produjeron los primeros despidos, la compañía ha convocado a sus oficinas a diversos trabajadores cesados para negociar con ellos las condiciones de la extinción. Es decir, según explican fuentes conocedoras, cuantificar deudas pendientes y pactar un importe para que estos empleados regresen a su país de origen.

Algo que no invalida la actuación inspectora, que prevé en unas pocas semanas tener lista su resolución y comunicar a las partes una potencial sanción. Según explicó el secretario de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, en una atención a medios de comunicación el martes de esta semana, la autoridad laboral estima finiquitar su expediente -abierto en septiembre- para finales de noviembre.

Las sanciones para una empresa que emplea trabajadores sin contrato o sin los permisos en regla oscilan entre 10.000 euros y 100.000 euros por empleado acreditado. La cuantía final dependerá del dolo que pueda apreciar y acreditar la Inspección y las obstrucciones o dificultades que ponga la empresa durante el proceso investigador.

El importe de la infracción que pueda acabar cayéndole a Extreme Works UAB, de acreditar la Inspección de Trabajo una mala praxis, se sumaría a los 1,87 millones de euros en multas o requerimientos que lleva impuesta la autoridad laboral a distintas subcontratas por sucesivos, y en algún caso reiterados, incumplimientos de la normativa laboral desde el inicio de la remodelación del estadio del FC Barcelona.

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