El arte español es apreciado, y muy buscado, por coleccionistas de todo el mundo. En el último mes, se han expuesto en una galería londinense, para su venta, un San Francisco recibiendo los estigmas de El Greco, tres bodegones de Juan van der Hamen y un Martirio de San Bartolomé de José de Ribera. En los meses precedentes, pasaron por esa misma sala esculturas de Pedro de Mena y un lienzo atribuido a Luis de Morales, llamado El Divino. Y en otra galería británica se han puesto a la venta en las últimas semanas cuadros de Murillo, Vicente Carducho y Sánchez Cotán, además de un San Pedro Penitente de Francisco de Zurbarán que se vendió por 550.000 libras esterlinas (algo más de 617.000 euros, al cambio actual). Obras todas ellas que forman parte del patrimonio histórico-artístico español, pero que están en manos de coleccionistas privados, nacionales o foráneos. Unas piezas que han salido de forma legal del país, pero cuya aparición en el mercado internacional del arte lleva a muchos expertos y aficionados al arte a plantearse hasta qué punto se puede permitir la salida de obras tan relevantes, y qué medidas se podrían tomar para evitarlo.
España es una gran potencia en el mundo del arte. Como tal, es un gran exportador: sólo en 2017, salieron del país, para su venta en el extranjero, un total de 8.405 obras de arte. En cambio, el Estado sólo repatrió, en esos doce meses, 21 obras de arte mediante su adquisición en el extranjero. Un desequilibrio que se ha incrementado de manera exponencial desde que estalló la crisis económica: antes de 2010, la salida de obras de arte de España se cifraba en torno a las 1.500 al año.
Para frenar esta dinámica, los expertos apuntan a una solución global que contemple beneficios fiscales para los coleccionistas, lo que disuadiría a muchos de deshacerse de sus obras de arte, y de facilidades para vender a las administraciones públicas. Las herramientas para lograrlo se podrían articular a través de una ley de Mecenazgo que actualice la vigente, de 2002, y cuya redacción lleva años bloqueada por las diferencias de criterio entre los ministerios que llevan las competencias de Cultura y de Hacienda.
Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, tiene claros cuáles deben ser los aspectos clave de esta reforma: "Además de las ventajas fiscales, en la nueva ley debería presidir el reconocimiento al ciudadano o a la institución privada que ejerce el mecenazgo. La actual legislación es muy poco amigable. Otro aspecto que debiera favorecer la nueva norma es incentivar aún más las aportaciones del ámbito privado al ámbito público. La cultura y sus principales instituciones en España son públicas o dependen de lo público. Quien ayuda a estas instituciones debería beneficiarse más que quien aporta de lo privado a lo privado".
El ejemplo claro de esa actitud proclive a beneficiar lo público es Plácido Arango. El empresario hispano-mexicano ha realizado, en apenas tres años, dos grandes donaciones a sendos museos públicos: en 2015 entregó 25 obras de arte de su colección al Museo Nacional del Prado, cuyo patronato presidió entre 2007 y ,2012; y en 2017 acordó una donación de 33 obras al Museo de Bellas Artes de Asturias en memoria de sus padres, que eran de la región.
Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, reivindica la actitud de Arango, y lo pone como ejemplo de un modelo de filantropía que no se estila en nuestro país: "En España, salvo contadas y maravillosas excepciones, no hay una cultura de la filantropía y el mecenazgo, que sí la hay, por ejemplo, sobre todo en el ámbito anglosajón y francés. Y eso llevará tiempo cambiarlo. Una buena ley de mecenazgo no cabe duda de que contribuirá a ello, pero aquí entra en juego la educación, que es el terreno donde verdaderamente hay que incidir y trabajar, pues sólo desde él es posible concienciar, desde nuestros primeros años, sobre el extraordinario valor simbólico que tiene la cultura. Ésa que es la piedra angular que permitirá operar esa transformación. Y para eso, me temo, deberán pasar todavía algunas generaciones".
En su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, se refirió a esa esperada ley de Mecenazgo, aunque reconoció que hay poco tiempo para concretarla antes de que concluya la legislatura, en 2020 si no hay adelanto electoral.
Sobre la naturaleza de esa ley, Alfonso Palacio tiene claro de que debe incluir importantes incentivos fiscales, pero también otras medidas: "Está claro que debe contemplar los incentivos fiscales, con toda una serie de desgravaciones que deberán estar debidamente tipificadas. En este sentido creo que el modelo francés es el más acertado, con deducciones que oscilan entre el 60 y el 70%. Pero también es muy necesario que esa nueva ley explore nuevas maneras de participación de la sociedad en general en el fenómeno cultural, con aspectos que fomenten el micromecenazgo. Que esa nueva ley recoja y transmita el espíritu de que la cultura es una cosa de todos, independientemente del retorno material que pueda o no pueda tener".
Esa solución, la del micromecenazgo, ha sido explorada por algunas instituciones para adquirir obra o garantizar la conservación de su patrimonio. Es el caso del Museo Thyssen-Bornemisza, que ha impulsado una campaña de crowdfunding para acometer la limpieza de La plaza de San Marcos de Venecia, un lienzo de Giovanni Antonio Canal, Canaletto, pintado en 1723. De los 35.000 euros en los que se estima la intervención, se ha logrado ya recaudar más de 31.000. Por su parte, el Museo Nacional del Prado quiere impulsar campañas de micromecenazgo para adquirir obra nueva, con aportaciones limitadas a un máximo de 150 euros y que sean desgravables en virtud de la ley de Incentivos Fiscales. Su primer objetivo podría ser Retrato de niña con paloma (c. 1622), de Simon Vouet y propiedad de una coleccionista española, cuyo precio se estima en 200.000 euros. Pero no deja de ser un instrumento útil sólo para grandes museos que tengan además asociaciones de amigos muy potentes, y no está claro su impacto sobre la imagen de las instituciones.
En espera de esa reforma legislativa, las fórmulas para lograr un equilibrio entre los derechos de los propietarios y la defensa del patrimonio son limitadas. Hace una década, los museos e instituciones públicas tenían cierto margen para adquirir obra, ya fuese de forma directa o acudiendo a subastas. Pero la contracción de las partidas destinadas en los presupuestos de las administraciones públicas para adquirir obras de arte en los últimos años ha sido radical, lo que a su vez ha espoleado el acceso a un mercado exterior en el que, además, los precios son más altos de los que se pueden alcanzar en el nacional.
Más allá de estas iniciativas particulares, la conexión de las administraciones públicas con el mercado del arte se articula a través de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Culturales. Un organismo formado por 22 expertos en Historia del Arte que debe avalar la adquisición de piezas por parte de la Administración, pero también dictaminar qué obras pueden ser exportadas para su venta, y cuáles deben bloquearse. Una solución que se emplea de manera excepcional (en 2017, sólo en 62 casos se denegó el permiso de exportación), pero que no deja de ser controvertida.
Esta herramienta legal fue la que se aplicó para evitar la salida de España de Cabeza de m ujer joven, un cuadro de Pablo Picasso datado en 1905 y propiedad de Jaime Botín. En agosto de 2015, se incautó en Córcega el lienzo, que el banquero había sacado del país en su yate, supuestamente con el objetivo de trasladarlo a Suiza para posteriormente venderlo, pese a que la obra se había declarado inexportable por su valor para el patrimonio nacional en 2013. El banquero se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros.
"España, su legislación y sus prácticas son muy restrictivas respecto a la salida de patrimonio", sostiene Miguel Zugaza. En todo caso, a la hora de dar una alternativa a los coleccionistas para que no saquen sus obras de España, el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao invita a fijarse "en el modelo francés y su apuesta por la dación (pago de impuestos en especie) como fórmula de incremento patrimonial de los museos. Esto evitaría las tensiones que se producen entre la Administración y el coleccionismo a la hora de juzgar sobre los bienes exportables o no".
