"Sarayaku ha sido y será siempre el símbolo de la resistencia de los pueblos originarios del mundo porque somos Sarayaku runakuna (gente de Sarayaku), los hijos del jaguar, descendientes del puma que habita las cuencas de los ríos Bobonaza, Pastaza y Marañón. Ríos desde lo que los que los Tayakkuna, primeros habitantes del territorio que vivían en sus montañas, portadores de una sabiduría milenaria, navegaron nombrando los lugares que recorrían. Nuestro territorio está defendido por nuestros Ayllukuna (nuestra familia) pasados y presentes. Somos herederos de una historia de resistencia y de lucha por la vigencia de nuestra libertad frente a los sistemas colonizadores, las invasiones y las agresiones externas". Kawsak Sacha: Selva Viviente.

La historia de la lucha del Pueblo Kichwa de Sarayaku, los hijos del jaguar o el pueblo del mediodía, por la defensa de su identidad, su vida y su tierra se remonta a la noche de los tiempos, desde que los primeros pobladores se asentaron en sus ríos, valles, selvas y montañas. Y su origen está "en nuestra dignidad, en que no aceptamos que nuestra autoridad sea dominada ni ser privados de nuestra libertad", aseguran en la comunidad que hoy preside una mujer, Miriam Cisneros. Sarayaku está ubicado en el Oriente de Ecuador, la Amazonia, concretamente en el departamento de Pastaza. Está integrado por 7 centros comunitarios: Kali Kali, Sarayakillu, Chuntayaku, Shiwiakucha, Puma, Kushillu Urku y Mawka Llakta. Y es titular de forma legal y reconocida por el Estado desde 1992 de una extensión territorial de 135.000 hectáreas de bosque húmedo de gran biodiversidad.

Asamblea comunitaria

Las decisiones sobre temas de especial trascendencia para el pueblo se toman en la tradicional asamblea comunitaria, denominada Tayjasaruta. Además, Sarayaku cuenta con un Consejo de Gobierno, de corte occidental, integrado por líderes tradicionales de cada comunidad (kurakas o varayuks), autoridades comunitarias, ex dirigentes, mayores, sabios tradicionales (yachaks) y grupos de asesores y técnicos de la comunidad.

Los y las kichwas de Sarayaku, como la inmensa mayoría de pueblos originarios de toda la cuenca amazónica, tienen una visión holística de la naturaleza y se consideran parte de ella. De acuerdo con su cosmovisión, adoptan desde el nacimiento un sistema de vida que se ha estructurado en convivencia con todos los seres que habitan la selva, visibles y no visibles, como uno solo, que denominan la Selva Viviente, el Kawsak Sacha. Y así se llama la propuesta de vida y relación entre seres humanos y naturaleza, que lanzaron al mundo al finales de julio.

Aún recuerdan algunas ancianas cómo les contaron las que fueron ancianas antes que ellas que los kurakas (autoridades tradicionales) de Sarayaku ya quemaron un puesto militar instalado en el territorio hace 90 años, después de los abusos, del control del comercio que desarrollaban con comunidades de territorio peruano a través de los ríos o de agresiones a las mujeres por parte de los uniformados.

El primer sistema organizativo contemporáneo y que iba más allá de lo tradicional de los hijos del jaguar se articuló a final de los 70 y fue de corte sindicalista, el Centro ALAMA Sarayaku (CAS). Inició el proceso de defensa y reivindicación de la titularidad legal del territorio frente al Estado ecuatoriano. Pero es en los 80 cuando los nuevos y poderosos enemigos, las grandes compañías extractivas, siempre bajo el paraguas del Gobierno y el Ejército del país, irrumpen en el territorio. En 1989, Sarayaku expulsa por primera vez a una petrolera de sus tierras. Hasta entonces, la Ley de Colonización y Reforma Agraria declaraba las tierras indígenas baldías, no habitadas y fomentaba su colonización. En abril de 1992, la entonces poderosa y hoy desaparecida Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), que agrupaba a todas las nacionalidades y poseía gran poder de convocatoria, organiza una gran marcha sobre Quito y el Gobierno de Rodrigo Borja acepta reconocer legalmente a los pueblos y nacionalidades indígenas la titularidad de sus territorios, incluido el de Sarayaku.

'Caso Sarayaku'

Sin embargo, en 1996 el Ejecutivo firma nuevas concesiones con la compañía argentina CGC para la extracción de crudo en su territorio y comienza el conflicto. El conocido como Caso Sarayaku con amplia repercusión internacional y que supone un hito en la historia de la lucha por los derechos los pueblos indígenas y de la naturaleza, ya que sienta jurisprudencia y obliga a todos los Estados latinoamericanos, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) por sentencia firme en 2012.

El 27 de junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, por unanimidad, que el Estado del Ecuador era "responsable por la violación de los derechos a la consulta, la propiedad comunal indígena y la identidad cultural", en los términos del artículo 21 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, por haber permitido que una empresa petrolera privada realizara actividades de exploración en su territorio, desde finales de la década de los 90, sin haberle consultado previamente.

"El caso Sarayaku se inicia con la concesión petrolera entregada en 1991 a un consorcio de empresas argentinas liderado por CGC por parte del Estado ecuatoriano. Dicha concesión, que se denominaba Bloque 23, afectaba al 60 % del territorio de Sarayaku. Para formalizar y entregar esa concesión, el Gobierno nunca informó, consultó, ni mucho menos pidió el consentimiento del pueblo de Sarayaku", recuerda Mario Melo. Mario Melo es abogado y docente de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Autor de numerosas publicaciones de ámbito internacional sobre Derechos de la Naturaleza, actualmente también dirige el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Desde hace dos décadas trabaja en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y es el abogado de Sarayaku. Fue el que ganó la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, el Caso Sarayaku, y representa víctimas ante el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El papel de las mujeres de Sarayaku fue fundamental durante el conflicto. "En el año 2002 comenzaron a realizar operaciones en el interior del territorio y Sarayaku mostró su oposición de forma explícita, en primer lugar, y a través de la creación de los campamentos de paz y vida, que fueron grupos de mujeres y niños que se instalaron en los límites del territorio a tratar de evitar que los trabajadores petroleros entraran a plantar las líneas sísmicas, las líneas de explosivos que se usan para localizar el petróleo", explica.

Abierto el frente legal

Y Sarayaku y Melo abrieron el frente legal. "Interpusimos un recurso de amparo para intentar evitar la invasión por parte de los petroleros. No fue debidamente atendida por la Justicia nacional, por lo que vimos la necesidad de plantear una acción ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2003. Ese año, la Corte Interamericana ya dictó medidas cautelares en favor de Sarayaku", que fueron "sistemáticamente incumplidas" por el Estado Ecuatoriano.

La Corte también constata los numerosos intentos de captar apoyo entre personas de las comunidades para entrar en el territorio por medio de regalos, dinero... En definitiva, sobornos. Diversos métodos que detalla la sentencia, como los intentos de establecer relaciones directas con los pobladores saltándose a sus autoridades o el pago de salarios a personas particulares dentro de las comunidades para que reclutaran a otras personas a fin de avalar la actividad de prospección sísmica de la compañía.

También se produjo la propuesta de organización de una caravana para atención médica a varias comunidades que conforman Sarayaku, en la que, según consta, para ser atendidas, "las personas tenían que firmar un listado que luego se habría utilizado como una carta de apoyo dirigida a la CGC" para que continuara sus trabajos. La compañía también prometió regalos y prebendas personales y promovió formación de grupos de respaldo a la actividad petrolera para dividir a la población y a las comunidades.

Ante la negativa de Sarayaku de aceptar la actividad petrolera de la CGC, ésta contrató en 2001 a Daymi Service SA, un equipo de sociólogos y antropólogos dedicados a "programar relaciones comunitarias". Según miembros de Sarayaku, su estrategia consistió en dividir a las comunidades, manipular a dirigentes y crear campañas de desprestigio a líderes y organizaciones, inclusive la creación de la llamada Comunidad de Independientes de Sarayaku, para llegar a un acuerdo. Se produjeron enfrentamientos que se saldaron con muertes.

En mayo de 2000, el apoderado de la CGC visitó Sarayaku y ofreció 60.000 dólares "para obras de desarrollo" y 500 plazas de trabajo para los hombres de la comunidad. La Asamblea rechazó la oferta. A raíz de la reactivación de la fase de exploración sísmica en noviembre de 2002 y ante el ingreso de la CGC al territorio de Sarayaku, la Asociación del Pueblo Kichwa Sarayaku declaró la "emergencia". En ese período, vivieron en la selva hombres, mujeres y niños protegiendo el territorio y se agotaron los alimentos.

Amenazas y torturas

Durante el proceso fueron interpuestas varias denuncias en relación con agresiones o amenazas a integrantes del Pueblo Sarayaku o por tortura y malos tratos a manos del Ejército. La Corte observó que "no se iniciaron investigaciones en cinco de los seis hechos denunciados y que, en cuanto a la investigación iniciada, se evidencia inactividad procesal con posterioridad a la realización de algunas diligencias".

Hasta que detuvo sus actividades en febrero de 2003, la empresa destruyó al menos un sitio de especial importancia en la vida espiritual de los miembros de Sarayaku. La empresa abrió trochas sísmicas, habilitó siete helipuertos, destruyó cuevas, fuentes de agua, y ríos subterráneos, necesarios para consumo de agua de la comunidad; taló árboles y plantas de gran valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria de Sarayaku. Además, a pesar de que la sentencia daba un plazo de tres años desde su publicación, a día de hoy, el Estado ha retirado solo entre 14 y 17 kilos de pentolita (explosivo)de los 1.400 que la compañía enterró.

"En 2012", cuenta Melo, "la Corte decide celebrar una nueva audiencia en el territorio de Sarayaku y también sentó un precedente porque fue la primera vez que la CIDH decide celebrar una audiencia fuera de su sede y en territorio de un pueblo indígena y y en julio de ese año nos notificaron la sentencia a favor de Sarayaku y reconocía la violación de su derecho a la consulta previa, a su identidad cultural y a su propiedad territorial".

La Corte también ordenó que se celebrase un acto de disculpas públicas que tuvo lugar en octubre de 2014 y 5 ministros, delegados por el entonces presidente de la República , asistieron al acto, lo que también supone un hito en la historia de la defensa de los derechos indígenas en toda América. Para el abogado, "la sentencia en el caso Sarayaku es un precedente importante a nivel mundial es de cumplimiento obligado para los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha sido inspiración y resultado citado en procesos de pueblos indígenas de toda América. Sarayaku se ha constituido en un ejemplo de dignidad y un referente político y organizativo para el mundo entero".

Y advierte de que insistirán "ante el Estado ecuatoriano en que se ejecute la sentencia y estamos nuevamente recurriendo a la Corte para que convoque una auidencia de supervisión del cumplimiento".

Explotación de recursos

La Corte constató que no se efectuó un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta del Pueblo Sarayaku antes de emprender o de autorizar el programa de prospección o explotación de recursos que existirían en su territorio y reiteró que al desconocerse el derecho ancestral de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podrían estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros.