Una gran nevada tapizó de blanco la ciudad aquel inicio de diciembre de 1970. El barrio de Gamonal estaba en sus primeros días del mes cubierto estratégicamente por efectivos militares porque en su cuartel, sede del Gobierno Militar de Burgos, comenzaba el Consejo de Guerra, un juicio sumarísimo, contra dieciséis militantes de la primera Euskadi Ta Askatasuna (ETA) detenidos entonces. La sentencia final sería de nueve condenas a muerte y 519 penas de cárcel. Medio siglo ha pasado, las diversas facciones de ETA cometieron la crueldad de unos tres mil atentados, con unas siete mil víctimas y 864 asesinatos.
El histórico Proceso de Burgos finalizó abruptamente con nueve condenas a muerte, tres de ellas dobles, luego conmutadas. Cuatro estudiantes de la Escuela Oficial de Periodismo (EOP), de Madrid, fuimos delegados para asistir a sus restringidas sesiones. El acceso directo solamente estaba permitido a la prensa acreditada mientras un número escaso de familiares de los encausados podrían asistir al juicio, los pocos que cabrían en la pequeña sala de la vista y que debían guardar larga cola para entrar. Entre estos, en medio de un helado umbral con casi medio metro de nieve, nos insertamos los estudiantes que no disponíamos de acreditación.
La sala del juicio era pequeña, los familiares de los acusados muchos y cada día bastantes de quienes pretendían asistir se quedaban fuera a pesar de las varias horas aguantando las bajas temperaturas que representaba ponerse a la cola en el sendero abierto entre la nieve. Padres y hermanos habrían de soportar el helado ambiente para lograr entrar.
Año de nieves, año de bienes, dice el refrán. 1970 había comenzado en España con un secuestro aéreo realizado por un muchacho de 18 años en Zaragoza; en el mundo había habido dos terremotos con miles de muertos, otros tantos accidentes aéreos, un ciclón en el Pakistán que hoy es Bangladesh en el que fallecieron más de medio millón de personas; ese año murió el mítico guitarrista Jimi Hendrix, se separaron los Beatles… ¡Año de bienes! La situación política en nuestro país era convulsa, con el tardofranquismo dividido entre falangistas y opusdeístas, con fraudes financieros como el de Matesa y un Gobierno observado por las democracias y los analistas internacionales. Una semana antes del comienzo de la vista fueron detenidos una veintena de dirigentes de la clandestina oposición por solidarizarse con los procesados. Entre ellos estaban Enrique Tierno Galván, el ‘viejo profesor’ que se convertiría después en el querido alcalde de Madrid, el sindicalista Nicolás Sartorius o el socialista Pablo Castellano.
En fin, discurría el mes de septiembre de 1970 cuando Franco recibió la visita del presidente norteamericano Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissingher. El día 18, mientras el general inauguraba el Campeonato del Mundo de Pelota Vasca en el frontón donostiarra de Anoeta, Joseba Elósegui, un histórico militante del “clandestino” Partido Nacionalista Vasco, se prendió fuego y se lanzó ardiendo contra la presidencia desde la segunda galería gritando “Gora Euskadi askatasuna” (Viva Euskadi libre). Personalmente estaba muy cerca del lugar del atentado, en la redacción del desaparecido diario La Voz de España. Para rematar el ambiente previo al juicio, en un país en “Estado de excepción”, dos días antes de su comienzo, el cónsul honorario de la República Federal de Alemania en San Sebastián, el anciano Eugen Beihl, fue secuestrado, amenazando sus captores con que correría la misma suerte que los procesados, aunque estos indicaran que la acción les perjudicaba.
Entre los abogados defensores se encontraban letrados de distinta ideología y trayectoria activa como Gregorio Peces-Barba, que luego sería unos de los padres de la Constitución democrática de 1978; Juan María Bandrés, fundador de Euskadiko Ezkerra, más tarde senador de las Cortes Constituyentes; los futuros diputados José Solé Barberà y Francisco Letamendía; Miguel Castells, luego senador y diputado en el Parlamento Vasco; además del que fuera secretario general del Partido Socialista de Euskadi Txiki Benegas y el exdirigente de ETA Eduardo Moreno Bergareche, ‘Pertur’, que desapareció en Francia misteriosamente cuando iba a reunirse con miembros de la banda. El presidente del tribunal, el teniente coronel Manuel Ordovás, ya había presidido otros juicios contra ETA con al menos una condena de muerte; el comandante Carlos Granados actuó de fiscal militar. Aunque el juicio representó una causa general contra la banda terrorista, su origen estaba en juzgar a la cúpula de la organización por el asesinato del miembro de la Brigada Político-Social Melitón Manzanas, primer atentado preparado expresamente por sus militantes.
El hecho de que entre los encausados hubiera dos religiosos había enrarecido el ambiente entre el Gobierno y la Iglesia. Julen Calzada, coadjutor en una parroquia de Durango (Vizcaya), y Jon Etxabe, párroco de una ermita de Éibar (Guipúzcoa), fueron condenados a penas de prisión; para Eduardo Uriarte y Jokin Gorostidi la sentencia del tribunal militar fue de dos condenas de muerte y 30 años de prisión a cada uno; Xavier Izko de la Iglesia también recibió dos condenas de muerte y 27 años de prisión; Mario Onaindia fue condenado a muerte y 51 años de cárcel, Xavier Larena igualmente a muerte y 30 años y Unai Dorronsoro fue el último sentenciado a la pena capital. Los demás, hasta nueve, a diversos -entre 70 y 12- años de prisión. Hubo una absolución, la de Arantxa Arruti.
El violento final del sumarísimo proceso fue reflejado en los periódicos con la correspondiente estricta censura y una versión -el ¿fingido? alzamiento con una espada de unos de los reos- que justificaba las nueve condenas a muerte. Días después y en una gran asamblea con participación de toda la EOP, los cuatro estudiantes de Periodismo que asistimos como delegados al juicio celebramos una sesión informativa. La prensa ya había publicado el desarrollo del juicio y una ligera especulación sobre posibles indultos y en la asamblea se participó sin censura, explicando los argumentos de los abogados defensores y los del fiscal militar, al tiempo que se desmentía la sublevación de los reos en la sala de justicia del cuartel burgalés, invocada para justificar su interrupción final.
Las reacciones a la celebración del juicio y a las sentencias, tanto en territorio español como en el mundo -los principales países de Europa occidental, varios suramericanos y el Vaticano- obligaron al Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, a proponer a Franco la conmutación de las penas de muerte por condenas de prisión el 30 de diciembre. Desde varios obispos, con el apoyo del Pontífice, representantes de la derecha europea, organismos internacionales, hasta intelectuales de izquierda como Juan-Paul Sartre se manifestaron contra el proceso.
Un año después, en el curso de una manifestación estudiantil, al ser retenido y trasladado a la Dirección General de Seguridad, miembros de la Brigada Político Social me acusaban de pertenecer a ETA. Varias semanas después me incorporaba al servicio militar en un acuartelamiento de Melilla. Un magnífico destino me fue revocado tras la llegada a la unidad de un despacho del SIM (Servicio de Información Militar) que recordaba mi presencia en la asamblea de la Escuela de Periodismo. Desde entonces hasta la licencia final cumplí más de cien servicios de guardia; casi confinado más de doce meses en un cuartel, fui vigilado hasta cuando acudía a las letrinas y terminé una ‘mili’ peor que la que ha contado varios años después el escritor Antonio Muñoz Molina en Ardor guerrero.
