El Gobierno propone exenciones en el coste del despido

El Ministerio de Trabajo propuso este lunes la generalización del contrato de fomento del empleo estable y que su indemnización por despido sea de 33 días, tanto si la causa es objetiva -ahora se abonan 45 días- como si es disciplinaria.

Así lo aseguró en rueda de prensa el coordinador del Diálogo Social del Ministerio de Trabajo, Alfonso Morón, quien esta tarde entregó a las patronales CEOE y CEPYME y a los sindicatos CCOO y UGT el nuevo documento de propuesta de reforma del mercado laboral.

Preguntado si esto supone un abaratamiento del despido, respondió que es una propuesta más y hay que negociarla.

Según explicó Morón, la legislación establece que la indemnización por despido improcedente de un trabajador fijo ordinario es de 45 días, tanto si la causa es de carácter económica u objetiva, o si es disciplinaria.

Por el contrario, precisó, este "paralelismo" no se da en el contrato de fomento de empleo estable, que fija una indemnización de 33 días para ambas causas.

En rueda de prensa posterior, los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer, dijeron que en la reunión Morón no les hizo esa propuesta y que el documento es "muy ambiguo", y advirtieron de que no negociarán que haya debilitamientos en las causas del despido o abaratamiento del mismo.

En el documento sobre este punto se dice que para fomentar esta modalidad de contratación se puede "igualar el coste de indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias, como sucede en el contrato indefinido ordinario".

También el Gobierno propone que se clarifiquen las causas de los despidos económicos y en cómo deberían regularse "ciertas prácticas que han desnaturalizado los procedimientos del contrato".

Al respecto, los dirigentes sindicales han dicho que este asunto tampoco se ha tratado en la reunión de esta tarde, así como una nueva iniciativa que afectaría al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

En la actualidad, el FOGASA paga el 40% de las indemnizaciones por despido procedente en las empresas de menos de 25 trabajadores.

El planteamiento del Gobierno es que esa exención (del 40%) del coste del despido de las empresas se amplíe a todas, con "carácter transitorio y excepcional", indicó Morón.

Para fomentar el empleo estable, el coordinador dijo que hay dos opciones: las bonificaciones iniciales, que es el sistema clásico utilizado hasta ahora; o la eliminación de incertidumbres respecto al coste futuro en el caso de extinciones, que es lo que pretendemos ahora.

"Quede claro que no estamos proponiendo que una empresa por un mismo trabajador se beneficie de los dos sistemas", resaltó.

Lo que descartó es una reducción de cotizaciones sociales, aunque lo ha pedido la patronal, añadió.

Para Górriz y Ferrer lo importante es que, como medida urgente, se acometa la reforma de las bonificaciones, la reducción de jornada como alternativa al despido y el fomento del empleo juvenil.

El resto debería dejarse como medidas estructurales que requieren más tiempo, consideraron, por lo que respaldaron, como indicó Morón, que el plazo para cerrar el acuerdo debe terminar en abril.

Lo de finales de abril es una "cuestión orientativa", porque "no hay límite" y lo "importante" es negociar, dijo Morón, quien precisó que "no habría problema en ampliar los plazos".

En este sentido, Ferrer dijo que la negociación es "muy difícil", mientras que Górriz cree que se alargarán hasta "mayo o incluso junio".