El Juzgado de Instrucción Número 6 de Telde comenzará a mediados de enero a tomar declaración a los controladores del aeropuerto de Gran Canaria implicados en el plante laboral que obligó a cerrar el espacio aéreo en Canarias el pasado puente de la Constitución.
La Federación Empresarial Canaria de Ocio y Restaurantes (Fecao) presentó una denuncia en el citado juzgado contra los controladores por un presunto delito de daños económicos a las pymes canarias en el citado juzgado.
Fuentes judiciales han indicado que la Fiscalía, que comenzó la semana pasada a practicar diligencias contra los controladores, seguirá presente en este caso pero, tras la acción de la Fecao, será el Juzgado el que ordenará cuándo se tomará declaración a los controladores, tanto los del Centro de Control Aéreo como los de la torre de control.
En donde no haya causas judiciales ya abiertas, la Fiscalía actuará de oficio en base a una calificación jurídica "preferente" de un delito contra la Ley de Navegación Aérea, según explicaron fuentes del Ministerio Público.
En estos casos los controladores deberán declarar ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife o la Fiscalía del área de Lanzarote y Fuerteventura, en función de dónde se encontrara el puesto de trabajo supuestamente abandonado.
Las diligencias que realice el Ministerio Fiscal, órgano ante el que el Gobierno canario presentó también una denuncia contra los controladores, tratarán de esclarecer el grado de participación de cada persona en el supuesto delito contra la Ley de Navegación Aérea, penado con hasta ocho años de cárcel.
La denuncia del Gobierno de Canarias asegura que los controladores podrían haber incurrido en un delito contra la administración pública, desobediencia y sedición.
