Los tribunales canarios gestionaron en los primeros nueve meses de 2010 un aluvión de ejecuciones hipotecarias sin precedentes. En concreto, 10.567 familias que no han podido pagar sus cuotas se han visto inmersas en este duro proceso. Los datos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias señalan que de ese montante 2.867 fueron resueltas, quedando pendientes todavía un total de 7.691 expedientes.
Las ejecuciones que promueven las entidades financieras por impago de hipotecas se han triplicado como consecuencia de la crisis económica, aunque en el ejercicio pasado se frenó este crecimiento. En los últimos años, los expedientes presentados en Canarias ascendieron a 1.436 en 2007, 3.216 en 2008 y 5.551 en 2009, una espectacular subida que se vivió en similares proporciones en el resto del territorio español. Sin embargo, de enero a septiembre de 2010, las ejecuciones hipotecarias inscritas en el Archipiélago se situó en 4.602.
España, en general, ha sufrido esta explosión de demandas contra particulares en mora en el pago de sus viviendas tras el estallido de la crisis. De 2007 a 2009, los expedientes presentados por este motivo en todo el Estado pasaron de 25.543 a 93.319, según las cifras que maneja el Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, en los tres primeros trimestres de 2010, las ejecuciones hipotecarias se sitúan en unas 70.000, lo que también refleja una ralentización en el incremento que registraban estas demandas.
Paralización
Desde el sector financiero canario, se explicó esta desaceleración en el aumento de viviendas inmersas en este proceso judicial a causa no sólo de la mejora económica, sino sobre todo por la política de refinanciación por la que han apostado muchos bancos y cajas ante el stock de pisos. "En los primeros momentos se optó por las ejecuciones pero ahora buscamos todas la posibilidades para que puedan ir pagando la hipoteca", explicó un directivo financiero. Las alternativas son variadas desde la dación de pagos a reducir el pago de la hipoteca a sólo los intereses hasta que el afectado pueda asumir el cómputo total.
Pero lo normal es que estos casos siguen un determinado trámite procesal en los juzgados, que se prorroga entre unos meses y algo más de un año. Durante el último año y medio los expediente hipotecarios han planeado sobre las entidades financieras, pero la abultada carga de trabajo de los juzgados ha ralentizado la tramitación procesal de estos casos. Ha sido en 2010 cuando estas operaciones han empezado a ser un problema para afectados y bancos.
Subasta
Si bien en algunos casos se llega a un acuerdo entre las partes, otros terminan con la adjudicación del activo a un comprador, un proceso que puede conllevar determinadas consecuencias para el afectado, si el precio de venta no alcanza el importe de la hipoteca impagada. Sin embargo la crisis ha provocado un problema añadido que agrava aún más el problema de los bancos ya que las empresas especializadas en subastas, los llamados como subasteros han desaparecido. "No hay reventa de pisos por la situación del mercado inmobiliario y han dejado de acudir", apuntaron desde el sector financiero canario.
Al quedarse desiertas las subastas por falta de comprador, son las inmobiliarias de las propias financieras ejecutantes las que comparecen en la subasta para quedarse con la vivienda a precio liquidativo, que se sitúa, a la mitad del valor de tasación, lo que perjudica a los morosos por que no cubren el pago de la deuda. El resultado es un incremento de los expedientes de desahucios en los juzgados.
Un reciente auto emitido por la Audiencia de Navarra ha salido a palestra porque responsabiliza a un banco de la sobrevaloración del inmueble. La Unión de Consumidores de España ha recibido con "entusiasmo" el auto si bien ha pedido cautela hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo para que genere jurisprudencia. Los consumidores han pedido una modificación de la normativa en este sentido.
