La nueva norma contra el empleo sumergido que hoy aprueba el Consejo de Ministros no es una amnistía, pero tampoco mirará atrás, sino que ayudará a que emerja el trabajo sumergido. Para lograrlo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, explicó ayer que el Gobierno dará un periodo de "tres meses aproximadamente" a las empresas. De no legalizar a sus trabajadores se endurecerán las penas. A Juan Rosell, presidente de la CEOE, le parece positivo el plan del Gobierno, y defiende "un país lo más legal posible", pero lamenta "cómo" se incentivará sacar a la luz el empleo sumergido.
El ministro Gómez informó de que el decreto ley contra el empleo sumergido dará un periodo de "tres meses aproximadamente" en los que se "ayudará" a las empresas a aflorar el empleo sumergido de forma voluntaria, mediante "incentivos selectivos" en forma de aplazamiento de las deudas contraídas con la Seguridad Social, por un periodo de seis meses a un año.
Y más les vale a los empresarios aprovechar ese periodo de gracia, porque de no hacerlo, las empresas que empleen de manera irregular se tendrán que enfrentar a un "endurecimiento" de las penas y la inspección de trabajo. De hecho, la inspección reorientará sus prioridades durante un periodo que Gómez ha calculado en "seis meses" para centrarlas fundamentalmente en el trabajo irregular. Además, los empleados que compatibilicen el cobro del desempleo con trabajos por cuenta propia o ajena podrán perder la prestación.
Gómez aseguró que en ningún momento va a haber una amnistía ni un perdón para las empresas y aseguró que, en todo caso, el periodo de regularización voluntario debe leerse como una "advertencia".
Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, se mostró a favor de sacar a la luz el empleo sumergido, pero lamentado "cómo" quiere incentivarlo el Gobierno. Además, Rosell pidió mayor control del fraude fiscal. "Todo lo que sea aflorar la economía sumergida nos parece muy bueno; otra cosa es lo que pase con el cómo y en qué se va a incentivar, porque todos los aspectos laborales tienen que ir ligados a aspectos fiscales", explicó Rosell.
"Queremos un país lo más legal posible, pero no sólo en aspectos laborales sino también fiscales", agregó, para sentenciar: "Un país con economía sumergida no es un país serio". Rosell puso el énfasis en que el Ejecutivo aún no ha presentado el "documento definitivo".
