Joven, inmigrante e integrante de una familia en la que ninguno de sus miembros tiene ingresos es el perfil ideal para acabar aceptando un empleo irregular. Así lo describe el director del Gabinete Técnico de CCOO, José Miguel González. Cada una de las tres características por separado son las que enumera cuando describe los segmentos de la población más proclives a no tener más remedio que aceptar engrosar las cifras de empleo sumergido.
Algunos de estos trabajadores piden asesoramiento en los sindicatos cuando son receptores de una oferta que consideran alejada de la legalidad vigente. "Optamos por sensibilizarlos, haciéndoles ver la pérdida de derechos que supone para ellos aceptar un empleo en esas circunstancias", afirma González. Sin embargo, la necesidad en muchas ocasiones se impone a las leyes.
A pesar de saber que no están cotizando a la Seguridad Social y que eso redundará en la prestación que un día reciban, ya sea por desempleo, enfermedad o jubilación, el presente les empuja a dar el sí.
El sindicalista expone que los jóvenes son "caldo de cultivo". Si en el pasado lo eran porque se podían permitir el lujo de aceptar cualquier empleo irregular por tener el resto de necesidades cubiertas por la familia, ahora es más bien por la necesidad de llevar dinero al núcleo familiar.
La cuestión se agrava en el caso de los inmigrantes. Ellos además deben tener permiso de trabajo y de residencia y ni siquiera pueden contar con el arraigo que en algún momento pueda servirles para subsistir. Cuando la necesidad es perentoria el trabajador solo puede medir el empleo en términos económicos, contrato y cualquier otro tipo de derecho pasan a un segundo plano.
José Miguel González huye de la sanción como único medio para erradicar el fenómeno. "Si la empresa necesita esas horas de trabajo, habrá que encontrar la fórmula para que nadie salga perjudicado", señala. A los trabajadores les explican "los derechos que pierden al aceptar un empleo en estas circunstancias". Por ejemplo, cualquier tipo de asistencia "cuando sufren un accidente in itinere".
Tampoco ayuda para romper el círculo que el 90% de las denuncias terminen en un despido expeditivo. Es abrir un conflicto con quien cubre las necesidades económicas más básicas, a cambio de silencio y trabajo en unas condiciones que en muchos casos trascienden lo ilegal para situarse en el plano del abuso.
