El borrador de la Ley de Función Pública elaborado por el ex consejero José Miguel Ruano puso en pie de guerra a los sindicatos de los funcionarios, no en vano endurecía los controles sobre el rendimiento y productividad de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, establecía un amplio régimen disciplinario en el que un trabajador podía ser apartado del servicio hasta un máximo de seis años y regulaba la llamada evaluación del desempeño, por la cual se mide y valora la conducta profesional y el cumplimiento de objetivos. Asimismo, el anteproyecto que se elaboró creaba la figura de los directivos profesionales con el fin de planificar y coordinar la ejecución de las tareas encomendadas para conseguir los objetivos asignados y fiscalizar el rendimiento de los empleados.

Los representantes de los funcionarios tildaron al Ejecutivo de vulnerar sus derechos, establecer una "persecución" en toda regla a través de un endurecimiento de los controles y generar más inestabilidad entre los empleados interinos y eventuales.

Pero este proyecto de ley no fue la única decisión que soliviantó los ánimos de los funcionarios. El cuestionamiento de su trabajo por parte del propio Gobierno -las críticas al absentismo laboral realizadas por el entonces vicepresidente Soria fueron un claro ejemplo-, la modificación de las condiciones para entrar en las listas de interino y sustitutos, la fuerte reducción de la oferta de empleo público, la suspensión de las oposiciones de los docentes o los fuertes recortes que afectaron a las plantillas de los servicios públicos esenciales fueron algunas de las medidas que enfrentaron a los sindicatos con el Ejecutivo en la segunda mitad de la legislatura anterior.

Ahora, tras la pausa veraniega y el aterrizaje del nuevo Gobierno, se ha iniciado una nueva etapa que, según los propios dirigentes sindicales, cuenta con más "talante" que el anterior periodo. Por ahora la Comunidad Autónoma ha evitado que el curso escolar se abra con un nuevo conflicto laboral como está sucediendo en otras comunidades autónomas. Sin embargo, los ambiciosos objetivos del Gobierno en materia de función pública se pueden dar de bruces con los sindicatos, a los que no les suena bien eso de la productividad y la movilidad.