El Gobierno canario quiere aplazar la implantación de nuevos centros comerciales hasta que se salga de la actual crisis. La propuesta autonómica pretende posponer en las Islas la liberalización de esta actividad para "amortiguar el impacto" que la directiva europea Bolkestein tiene para los pequeños y medianos comercios.
La adaptación de la ley canaria de comercio a la norma comunitaria dispuso la elaboración de siete planes insulares de grandes equipamientos comerciales que, a falta del periodo de alegaciones y de su aprobación definitiva, habilitan nuevas zonas para la construcción de centros comerciales. En Gran Canaria y Tenerife se proponen una decena de estas áreas susceptibles de acoger este tipo de infraestructuras.
"Queremos proteger la actual estructura del comercio canario ya que el equilibrio es muy precario y, si encima hay más centros, los pequeños y medianos comercios lo tendrán muy difícil", señaló ayer el director general de Comercio y Consumo del Ejecutivo regional, Gustavo Matos.
Para ello se ha encargado a las dos universidades canarias sendos informes socio económico y jurídico que estudien la viabilidad de instar a Bruselas que las regiones ultraperiféricas, como Canarias, pueda retrasar la aplicación de los planes de grandes equipamientos comerciales. "Creemos que tenemos razones objetivas tanto desde el punto de vista económico, social y jurídico para tratar de aplazar la implantación de nuevos centros comerciales y no tener sanciones de la UE", añadió Matos.
Informe Solbes
El director general de Comercio y Consumo indicó que en Canarias las circunstancias han cambiado "mucho" en los últimos años y no se pueden permitir equipamientos comerciales como si no estuviera en plena crisis económica. Asimismo, añadió que el Informe Solbes, encargado al exministro español por Bruselas, se reconoce la necesidad de contar con medidas específicas para las regiones ultraperiféricas.
Desde la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) se aboga más por limitar la creación de nuevos centros comerciales en los propios planes insulares ya que el Archipiélago es la comunidad autónoma con más metros cuadrado de suelo comercial por habitante de toda España. "Veo difícil que podamos conseguir que Bruselas tenga en cuenta una propuesta contra una directiva ya aprobada, por lo que lo más práctico sería aducir razones territoriales, ecológicas y de población en los propios planes", indicó ayer el presidente de Cecapyme, Prudencio Lorenzo. Los empresarios han presentado alegaciones a los planes de equipamientos comerciales en este sentido y también por la "inseguridad" que supone supeditar los nuevos centros comerciales a los ayuntamientos.
