La Comisión Europea decidió hoy extender el marco legal aprobado durante la crisis para permitir la concesión de ayudas públicas a la banca, que expiraba a finales de año, hasta que lo exijan las condiciones del mercado.

El Ejecutivo comunitario seguirá como hasta ahora exigiendo a todas las entidades que hagan uso de las ayudas a partir del próximo 1 de enero que remitan a Bruselas un plan de viabilidad.

Sólo quedarán excluidas de esta obligación aquellas entidades que hayan recibido ayuda en forma de garantías, pero no de inyecciones de capital o de medidas relacionadas con activos tóxicos.

Las medidas prolongadas hoy fueron adoptadas a finales de 2008 y principios de 2009 para amortiguar el efecto de la crisis desencadenada tras el colapso del banco de inversión Lehman Brothers en Estados Unidos.

Bruselas incluyó en su nueva revisión de hoy una aclaración de las normas sobre remuneración de las recapitalizaciones y sobre contraprestaciones a las garantías a la financiación interbancaria.

La Comisión quiere asegurarse de que los estados miembros son adecuadamente remunerados si deciden recapitalizar sus bancos con instrumentos como los activos ordinarios, para los que no se fija una remuneración por adelantado, así como si conceden apoyo mediante garantías.

"El agravamiento de las tensiones en los mercados de deuda soberana ha puesto a los bancos en la Unión bajo una renovada presión, lo que justifica la extensión de las reglas de la crisis", señaló el comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, en un comunicado.

Almunia explicó que la nueva prórroga ayudará también a poner en práctica las medidas acordadas por el Consejo Europeo de octubre, restablecer la confianza y continuar con el necesaria reestructuración del sector.

"Vamos a seguir insistiendo en la reestructuración y saneamiento de los balances donde sea necesario para ayudar a romper el círculo vicioso entre la crisis de deuda soberana y un sector financiero débil en su aplicación de las normas", agregó.

La CE ya revisó este marco legislativo, en julio y diciembre de 2010, para endurecer las condiciones de acceso a las ayudas y para ampliar la exigencia de presentar un plan de viabilidad a todas las entidades que se beneficiasen de las ayuda, en lugar de sólo a las que hubieran recibido un apoyo equivalente al 2% de sus activos ponderados por riesgo, los llamados "bancos de riesgo".