El Ministerio de Fomento ha trasladado a la Fiscalía el expediente abierto contra la compañía Islas Airways como presunta responsable de una aplicación fraudulenta del descuento aéreo a los residentes canarios. La aerolínea podría haber facturado a la administración pública, desde enero de 2008 a abril de 2011, entre 3,6 y 4,5 millones más de la subvención que le correspondería por los billetes vendidos y las tarifas aplicadas.
El ministerio, a través de la dirección general de Aviación Civil, ha notificado ya a la aerolínea canaria tanto la apertura del expediente sancionador como su remisión al ministerio fiscal al considerar la posible existencia de indicios de delito.
La actuación de Aviación Civil contra Islas Airways se inició en julio pasado ante las sospechas de manipulación en la documentación que se remite al ministerio para el cobro de la subvención del 50% del coste del billete a los residentes canarios presentando facturaciones superiores a la venta real de billetes.
Fomento ha concluido, tras comprobar las facturaciones de los cuatro últimos ejercicios, que la aerolínea canaria habría incurrido claramente en irregularidades en el cobro de estas ayudas.
En el acuerdo de Aviación Civil para la apertura de expediente sancionador a la compañía, adoptado el pasado 22 de noviembre, se considera que los hechos imputados pueden ser constitutivos de una infracción de la Ley General de Subvenciones "al no haber aplicado la totalidad del importe reintegrado por la Administración al pago de las subvenciones a los beneficiarios" de los descuentos aéreos. Además, se asegura que "en la conducta descrita [por parte de Islas Airways] podría haberse incurrido en la utilización de medios fraudulentos" recogidos en uno de los artículos (el 60.1.c 2º) de la mencionada norma, "al haberse realizado justificaciones falsas mediante la manipulación de los ficheros".
En consecuencia, Aviación Civil acuerda poner en conocimiento de la fiscalía los hechos detallados en el expediente sancionador a Islas Airways solicitándole al ministerio público que remita a ese departamento "los testimonios correspondientes a las actuaciones que se practiquen" en relación con el mismo.
El traslado del expediente a la Justicia, según el acuerdo de Aviación Civil, "suspende el procedimiento sancionador en tanto los jueces no dicten sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones, o se produzca la devolución del expediente por la fiscalía". Con todo, Islas Airways tiene un plazo de 15 días, que concluye la próxima semana, para realizar alegaciones, presentar documentos y proponer pruebas.
Los hechos alegados por Aviación Civil para justificar la apertura del expediente sancionador y remitirlo a la fiscalía demostrarían que Islas Airways ha inflado las facturaciones de todas las tarifas con las que ha operado la compañía en la venta de billetes. Por ejemplo, en la llamada tarifa 'Vpromo/Vprocu', ofertada desde mayo de 2010, la comprobación demuestra una liquidación superior en un 53,8% respecto de la facturación real. En la tarifa 'Now', la sobrefacturación alcanzaría el 7,8 %, mientras que en otras ofertas como la 'Epromo 'se detecta una facturación indebida del 17,5%, o una del 44,4% en la tarifa denominada '2 x 1 con enlace'.
Las estimaciones realizadas, según el expediente, evidencian que "parece haber existido" una sobrefacturación de entre 3,6 y 4,5 millones de euros en las liquidaciones de las subvenciones a los residentes efectuadas por la compañía aérea durante el periodo de comprobación, que incluye los ejercicios de 2008 a primeros meses de 2011. Las mayores desviaciones se produjeron en el año 2010, según la comprobación de las muestras aleatorias de los cupones de vuelo presentados por la compañía.
El acuerdo de Aviación civil con las compañías que cubren las rutas con Canarias e interinsulares establece una posible sanción para la compañía infractora de una multa económica "del doble al triple de la cantidad indebidamente aplicada, pudiendo ser incrementado el porcentaje de la sanción mínima entre 20 y 100 puntos".
Además, el mismo convenio apunta que la aerolínea sancionada podría perder, durante un plazo de cinco años, la posibilidad de obtener subvenciones públicas y avales de la Administración, así como la prohibición para celebrar contratos con entes públicos.
