Los empresarios accionistas de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), la nueva Sestiba, tendrán que garantizar sin cortapisas nueve millones de euros, correspondientes a la mitad de la deuda histórica de la entidad portuaria (18,5 millones), si quieren contar con la aportación de los otros nueve millones por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. No valen los "brindis al sol que después queden en nada". Así de contundente se mostró ayer el presidente del Puerto, Luis Ibarra, quien condicionó el apoyo público a que las empresas se pongan de acuerdo y certifiquen cómo avalarán sus 9 millones, así como que retiren las 26 denuncias que han interpuesto tras la privatización del servicio.

Advirtió de la posibilidad de que cualquiera de estas denuncias ocasione al final un perjuicio económico al Puerto de una "gran magnitud". De ahí que abogó por intentar alcanzar un acuerdo, en tanto que la institución que preside ya tiene provisionado un préstamo de 9 millones como corresponsable de la deuda de Sestiba. Pagar un solo céntimo dependerá, en primer lugar, del acuerdo entre las compañías privadas y eso allanaría el camino para que el Puerto cuente con la conformidad de la Intervención General, dependiente del Ministerio de Hacienda, y Puertos del Estado, que tendrán la última palabra y, en principio, no muestran "grandes reticencias", según Ibarra. Si estas administraciones dan su visto bueno no habrá problema en cerrar un acuerdo y aliviar la "tensa" tesorería de Sagep a corto plazo, como consecuencia de la deuda de Sestiba.

El gesto de las empresas accionistas de ampliar en 4,5 millones el capital de Sagep en una junta general extraordinaria en enero no es suficiente. El Puerto les reclama garantizar los 4,5 millones restantes.

Las empresas estibadoras han propuesto que esa cantidad que falta se pague mediante la cuota fija a la importación de productos. La prolongación de la denominada Tarifa Máxima Empresarial será abordada el lunes en una junta extraordinaria de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), cuyo presidente, Sebastián Grisaleña, denunció ayer que dicha tasa "nunca debió de existir", al tratarse de un recargo que sufren las importaciones vigentes y al entender que la nueva sociedad privatizada Sagep tiene que asumir la deuda. En todo caso aplazó hasta el lunes la postura definitiva de la CCE tras el encuentro con las firmas estibadoras. A esta cita acudirá también Luis Ibarra, que les instará a pactar una solución.