Islas Airways negó ayer haber realizado cobros fraudulentos de los descuentos a residentes en los billetes aéreos y aseguró que su actuación "siempre se ha desarrollado dentro de la más estricta legalidad en todos los órdenes". De esta forma, la compañía niega las conclusiones del expediente sancionador acordado por el ministerio de Fomento en el que señala que podría haber inflado la facturación de billetes hasta llegar a percibir hasta 4,5 millones más de lo que le correspondería en concepto de subvenciones.
La aerolínea canaria, cuya actuación ha remitido la dirección general de Aviación Civil a la Fiscalía por la existencia de indicios de delito, respondió ayer asegurando que el expediente administrativo abierto por el ministerio no ha concluido y que, en todo caso, su intención es la de "seguir colaborando con la administración competente hasta demostrar totalmente su correcto proceder". La compañía señala que esta circunstancia no le impedirá "seguir operando con absoluta normalidad, continuando con su vocación de servicio público".
En este sentido, el presidente de Islas Airways, Miguel Concepción, declaró a este periódico que el traslado del expediente sancionador a la fiscalía no demuestra ni la práctica de cobros fraudulentos en los descuentos a residentes, ni mucho menos la comisión de ningún tipo de delito. Tras recordar que la "actuación administrativa" sobre las facturaciones presentadas por Islas Airways a Aviación Civil son producto de una "denuncia de una compañía competidora", en referencia a Binter Canarias, Concepción aseguró que "el expediente está parado y la fiscalía dirá qué es lo que hay", expresando en este sentido su convencimiento de que el expediente acabará sin consecuencias para la empresa que preside. Asegura Concepción, además, que este procedimiento no ha supuesto la paralización de los pagos a la compañía a cuenta de los descuentos que aplica a los usuarios residentes en las Islas.
Situación financiera
Sin embargo, distintas fuentes señalaron ayer que la situación financiera y operativa de la compañía le había llevado a perder el crédito de Aena con el que la compañía pagaba mensualmente las tasas aeroportuarias. Según esas fuentes, Islas Airways está pagando desde hace un mes esas tasas en efectivo el día anterior a las operaciones que realiza en cada aeropuerto, mientras que Aena está a su vez cobrando por la vía de apremio la deuda que la compañía tiene contraía con el ente aeroportuario desde hace meses.
Esta situación está obligando a la aerolínea a pagar las tasas por el procedimiento denominado "a pie de avión", utilizado habitualmente por las compañías que operan muy esporádicamente en un determinado aeropuerto, pero nunca por aquellas que, como en el caso de Islas Airways, cubren decenas de vuelos diarios durante todo el año. Este sistema permite al ente aeroportuario impedir la salida de un vuelo si la compañía no ha satisfecho previamente las tasas correspondientes.
El expediente del ministerio de Fomento considera que los fondos indebidamente aplicados por la compañía durante el periodo de comprobación podrían alcanzar los 4,5 millones de euros, una cantidad que no incluye las posibles irregularidades asociadas a las tarifas flexibles, según se señala en el acuerdo de la dirección general de Aviación Civil sobre la apertura del expediente sancionador. Según ese documento, fechado el pasado 21 de noviembre y firmado por el director general de este organismo adscrito a Fomento, Manuel Ameijeiras, las dudas sobre las tarifas flexibles podrían afectar a otros 9,1 millones de subvenciones cobradas durante los periodos comprobados de los cuatro últimos años, entre 2008 y 2011.
Fomento eludió ayer realizar precisiones complementarias a las expuestas en el propio acuerdo de Aviación Civil y se limitó a señalar que el procedimiento administrativo y legal sigue su curso en los términos reglamentarios establecidos, tanto en cuanto a la apertura del expediente sancionador contra Islas Airways, como en relación con su remisión a la Fiscalía ante los indicios de la comisión de un posible delito. En todo caso, recuerda que ahora el procedimiento sancionador queda en suspenso hasta que no se pronuncie la autoridad judicial.
