Pasa un año desde que 34.000 personas quedaron bloqueadas en los aeropuertos canarios -más de 250.000 en toda España-. Los afectados han pasado 365 días de algún papeleo pero, dada la complejidad del caso por su repercusión y el alto número de imputados, sin ver resarcidos los daños que les provocó el plante masivo y el consiguiente cierre del espacio aéreo.

En el mes de julio, la titular del Juzgado número 6 de Telde, María Zabala, decidió mantener la imputación por un delito contra la navegación aérea en su modalidad de sedición a los 24 técnicos del Centro de Control de Canarias y los otros cuatro controladores que el 3 de diciembre de 2010 se encontraban en la torre de control del aeropuerto de Gran Canaria.

Otros siete especialistas en tráfico aéreo de diferentes aeródromos canarios también se sumaron a la protesta nacional, simultánea y sobrevenida. En toda España son "unos 400 controladores" los que tienen cuentas pendientes con la Justicia, según afirmó ayer el abogado Luis Vericat, del despacho Cremades & Calvo Sotelo, que defiende los intereses de casi 15.000 afectados por el cierre del espacio aéreo.

Fabio Falcón pretendía pasar aquel puente de la Constitución en Madrid en compañía de su novia y sus cuñados. "Un año después todo sigue igual que aquel día", señaló ayer. Optimista pero un tanto hastiado, explicó que "hace unos dos meses" les pidieron "más documentación para la demanda". Es la última noticia que tiene del caso.

Tomás van Ischott pudo volar a Londres, pero dos días después de lo previsto. "Envié un escrito a AENA, me contestaron solicitando más detalles y ya me decían que si no tenía noticias de ellos en seis meses, lo entendiera como un silencio negativo", afirmó con cierta ironía.