Las empresas estibadoras no ceden ante la presión de la patronal CCE. Una fuente de la dirección de Sestiba-Sagep aseguró ayer que los importadores tendrán que seguir pagando "les guste o no" la cuota fija de la Tarifa Máxima Empresarial destinada a costear el agujero económico de la antigua Sestiba (18,5 millones), hoy reconvertida en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep). Según las empresas estibadoras, "la tarifa es legal, existe en cinco o seis puertos en España y tendrá que seguir pagándose". Por el contrario, el presidente de la patronal industrial Asinca, Eugenio Castillo, anunció que los empresarios mantendrán su rechazo a la tasa "a menos que las estibadoras planteen otra propuesta" y reiteró que la deuda no la han generado las empresas, sino la gestión de Sestiba.

Las estibadoras argumentan que, de no haber existido la Tarifa Máxima Empresarial, la deuda de Sestiba "alcanzaría ahora los 35 millones de euros". De tal forma que, añaden, "esa cuota ha servido para contener la deuda" y debe seguir pagándose. Pese a estas diferencias de criterios, tanto estibadoras como empresarios importadores y la Autoridad Portuaria han asegurado que queda garantizada la continuidad de Sestiba-Sagep, de tal forma que no hay riesgo de quiebra, lo que paralizaría la actividad portuaria.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, pidió un acuerdo entre las partes (estibadoras e importadores). Confía en que a lo largo de este mes de diciembre se concrete dicho acuerdo, que llegaría tras comprometerse las estibadoras a cubrir nueve millones de euros de la deuda, lo que permitiría al Puerto estudiar también el abono del resto (otros nueve millones). De lo contrario -agregó Ibarra-, las empresas tendrán que seguir pagando la cuota fija.

La Comisión de Puertos de la CCE, convocada para el próximo lunes por su presidente y director de la Terminal de La Luz -división Boluda de Terminales Marítimas-, Francisco Naranjo, se avecina tensa. Los empresarios echan chispas porque han pagado desde 2003 más de 20 millones de euros a través de dicha tasa y, sin embargo, ello no ha servido para reducir la deuda de Sestiba, que ha pasado de 12 millones de euros en aquel año a 18,5 millones en 2011. De ahí que los importadores han acordado por unanimidad suspender el pago de la tarifa.

Fuentes de Sagep reiteraron ayer que la tarifa es "obligatoria" y hace seis meses se acordó "por unanimidad" prorrogar su vigencia en un consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en el que también estaba el presidente de la CCE, Sebastián Grisaleña, por lo que no entienden su último rechazo.

Además, desde Sagep se rebate que en el acuerdo de 2003 de la entrada en vigor de la cuota fija "no se dice nada" sobre que su aplicación tuviera un periodo máximo de cuatro años, tal como afirman las empresas. Añaden que los ingresos provenientes de esta tasa han sido destinados a los fines para los que estaba prevista: ayudar al sostenimiento de los costes fijos de la sociedad, bonificar tráficos de transbordo en un 50 % y amortizar la deuda de Sestiba.

Las firmas estibadoras achacan la revuelta de la patronal a su intención de hacer "ruido", ya que las empresas "no tienen capacidad jurídica ni decisoria para que se quite o no el canon". Es más, animan a los empresarios a acudir a los tribunales si quieren eliminar la tarifa. Sagep ha ofrecido intentar conseguir que el Puerto rebaje un 25 % la tasa y que tenga un plazo no superior a diez años.