El Estado seguirá abonando mensualmente a Islas Airways el importe de los descuentos aéreos del 50% aplicados a los residentes en las Islas. Pese a tener abierto un expediente sancionador por posible fraude en la facturación de estas subvenciones, fuentes de la Dirección General de Aviación Civil, encargada de tramitar este proceso, aseguran que la relación entre la Administración y la aerolínea no sufrirá ningún cambio, al menos hasta que no se concluya por completo el expediente abierto. Fuentes del sector aeroportuario cifran en 1,2 millones mensuales la liquidación que Islas Airways está presentando al ministerio por el descuento para residentes.

Desde Fomento se recuerda que el expediente se ha remitido a la Fiscalía por si considera que las irregularidades detectadas, además de una infracción de la ley de subvenciones públicas, pudieran constituir un delito por la utilización de "medios fraudulentos", y que por ello "todo el proceso queda paralizado hasta que la Justicia dictamine".

Si el fiscal devuelve el escrito al ministerio por considerar que no cabe la apertura de un proceso penal contra la compañía, Fomento deberá resolver el expediente sancionador en su vertiente administrativa.

El expediente señala que Islas Airways pudo no haber aplicado la totalidad del importe reintegrado por la Administración al pago de las subvenciones de residentes entre 2008 y mediados de 2011, lo que habría supuesto el cobro indebido de hasta 4,5 millones de euros por parte de la aerolínea. Islas Airways niega estas prácticas y asegura tener la convicción de haber actuado siempre "dentro de la más estricta legalidad". El presidente de Islas Airways, Miguel Concepción, declaró a este diario que Aviación Civil no le había retenido en ningún momento la liquidación de las subvenciones y expresó su confianza en el archivo de los procedimientos administrativo y judicial.

La sanción a que podría enfrentarse la compañía es de una multa económica "del doble o el triple de la cantidad indebidamente aplicada, pudiendo ser incrementado el porcentaje de la sanción mínima entre 20 y 100 puntos". Además, durante cinco años podría perder la posibilidad de obtener subvenciones públicas y avales de la Administración, y la prohibición para celebrar contratos con entes públicos.

Por otra parte, fuentes de Aviación Civil señalaron ayer que en la actualidad no hay ninguna otra compañía de las que operan en Canarias o Baleares que estén sujetas a ningún tipo de inspección.