El Gobierno canario no está dispuesto a que la reforma del Tratado de Lisboa suponga una disminución en el estatus diferencial de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en Europa. Es más, según explicó ayer el presidente Paulino Rivero, el Ejecutivo irá más allá y reclamarán "nuevas medidas fiscales" más ventajosas para el Archipiélago.
Rivero reconoció que la armonización fiscal en la que se va a embarcar la UE "es un handicap" para los intereses del Archipiélago a la hora de renovar el Régimen Económico y Fiscal (REF), pero dijo que "no estamos solos" y mostró su convencimiento de que la crisis puede servir para "plantear una fiscalidad más diferenciada" que sirva para que las Islas generen empleo.
"Creo que los datos son contundentes para apoyar que se impulsen nuevas medidas fiscales, por ejemplo una fiscalidad más diferenciada para las empresas que se instalen en Canarias. Del tipo", señaló, "de las bonificaciones que existen en Irlanda".
Estas fueron las primeras reflexiones de Rivero sobre los acuerdos que se adoptaron en la Cumbre Europea celebrada desde el jueves y encaminada hacia una armonización fiscal y un aumento de la disciplina presupuestaria en la euro área.
Empleo
"El objetivo debe ser vincular todos los incentivos fiscales a la generación de empleo, pero creo que con la realidad que tenemos en estos momentos todas las RUP, con tasas de empleo superiores al 28%, hay que ahondar en la necesidad de articular medidas que nos permitan estar en tasas similares a las que tiene el Continente", aseguró.
El presidente recordó que "en el Tratado de Lisboa está consagrado definitivamente el reconocimiento a un estatus especial de Canarias y del resto de las RUP en Europa diferente a las regiones del Continente".
Un logro, señaló, que hay que mantener "con ayuda de Francia y de Portugal" porque, en su opinión "la crisis ha demostrado que las desventajas de las regiones ultraperiféricas con respecto a las continentales son estructurales, y por eso necesitan más apoyo".
Según Rivero, "lo primero es afianzar lo que existe" para posteriormente que los gobiernos de España, Francia y Portugal "todos a una" se impliquen en la defensa de nuevas medidas fiscales.
