Las empresas estibadoras insistieron ayer en que no se podrá cubrir la deuda de Sestiba si desaparece la cuota fija de la Tarifa Máxima Empresarial. Los responsables de la antigua Sestiba, ahora Sagep, hicieron llegar a los empresarios la necesidad de que se continúe con esta tasa hasta el año 2021, aunque rebajada. Las estibadoras se reunirán ahora con las organizaciones sectoriales para que acepten la prórroga del recargo otros diez años.

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) quiere evitar a toda costa que la polémica entre las sociedades estibadoras y las organizaciones empresariales afectadas por la tasa salpique a la patronal, aunque tanto unas como otras forman parte de la confederación. El presidente de la patronal, Sebastián Grisaleña, estuvo ayer personalmente en la Comisión de Puertos de la CCE para desmentir las afirmaciones de algunas estibadoras sobre su voto favorable en la Autoridad Portuaria a la continuidad de la tarifa. Una vez que los órganos de la Confederación se han opuesto a la tasa son ahora las sectoriales -industriales, importadores, pymes, comerciantes, etcétera- las que deben decidir en sus ámbitos directivos si aceptan o no la propuesta de que la tasa se mantenga hasta 2021.

La Comisión de Puertos comenzó tensa pero finalmente, tras dos horas de reunión, no llegó la sangre al río. Las estibadoras anunciaron la apertura de una ronda de negociaciones con cada una de las sectoriales para convencerlas de la necesidad de mantener la cuota fija de la Tarifa Máxima Empresarial obligatoria para las importadoras, que han expresado hasta ahora su rechazo a abonar la tasa para amortizar el déficit de Sestiba.

El gerente de Sagep, Daniel Báez, expuso a los presentes un informe sobre la evolución de Sestiba en un "ejercicio de transparencia". En dicho estudio se plantea a la patronal solicitar a la Autoridad Portuaria de Las Palmas una reducción de la tasa del 20%. Una vez materializada la aportación del Estado a la reducción del déficit histórico, Sagep propone un plazo máximo de cancelación de 10 años.

Por su parte, el presidente del Puerto, Luis Ibarra, incidió en que la parte privada debe llegar a un "consenso previo". Ibarra entiende que "se tiene que poner una fecha límite a la cuota con unos años muy concretos y dejar claro en el informe que no puede haber renovación específica a partir de esa fecha".