El Consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, da la razón a los empresarios canarios que mantienen contenciosos con la Agencia Tributaria acerca de la naturaleza de los beneficios empresariales que pueden destinarse a la Reserva de Inversiones (RIC). El consejero aseguró ayer que la primera regulación de la RIC, aprobada en 1994, sí permitía la dotación de la Reserva con beneficios extraordinarios y no solo los estrictamente derivados de la actividad mercantil de las empresas como sostiene Hacienda.

González Ortiz explicó que mientras en la segunda regulación de la RIC, en 2007, sí se hace mención específica a la procedencia de los beneficios empresariales destinados a la dotación y la norma se restringe en ese aspecto, no ocurría lo mismo con la primera regulación para la exenciones fiscales a las que puede optar el sector en las Islas.

La disparidad de criterios con la Agencia Tributaria mantiene bloqueados en la actualidad alrededor de 2.000 millones de euros en virtud de distintas sentencias del Tribunal Supremo.

Hasta el cuatro ocasiones el alto tribunal, atendiendo a recursos de sentencias emitidas por el TSJC y la Audiencia Nacional, ha fallado en contra de la opinión de los empresarios canarios que entre los años 1994 y 2000 dotaron la RIC con beneficios extraordinarios.

El consejero subrayó, tras una intervención en el Parlamento de Canarias, su convicción de que la próxima revisión de la norma se debe evitar la repetición de inseguridades jurídicas como las que están teniendo lugar. La redacción de nuevo artículo del Régimen Económico y Fiscal referente a la RIC debe ser "debe ser cerrada y muy clara para evitar los problemas de interpretación".

"Lo fundamental para generar actividad económica", apuntó González Ortiz, "es generar inversión y para generar inversión tiene que haber seguridad jurídica. Esta inseguridad jurídica", en relación al contencioso con el fisco, "provoca el desánimo en la inversión".

González Ortiz se refirió también a la proposición no de Ley (PNL) presentada en el Parlamento regional por el Partido Popular, y que será debatida hoy en el pleno, con la que se pretende instar al Gobierno de España a evitar las actas de inspección que Hacienda ha abierto a numerosas empresas del Archipiélago. El consejero apuntó que "ni esa PNL del PP resuelve el problema ni es el momento para esa PNL". Advirtió que "cualquier modificación del artículo 27 del REF se hará siempre en el contexto de la modificación del REF" que debe acometerse antes de su expiración 2013 y, apuntó, "de forma consensuada".

En cualquier caso, y aunque el responsable de Economía del Ejecutivo regional rehusó dar su opinión sobre los criterios que debería seguir la nueva RIC sí subrayó que en su opinión es fundamental tema fundamental "ligarla a la creación y el mantenimiento del empleo".