La proposición no de ley aprobada ayer por el Parlamento de Canarias sale de manos del Partido Popular y será la misma fuerza política, que en la elecciones generales del 20 de noviembre logró mayoría absoluta en las Cortes Generales, la que deba acometer las modificaciones legales sobre los beneficios empresariales que pueden ser destinados a la Reserva de Inversiones.
La PNL impulsada por el grupo popular en la Cámara regional insta al Gobierno de la nación a mejorar la redacción del artículo 27 de la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF). Es decir, el artículo que regula la aplicación de la RIC y que el PP, en la exposición de motivos de su propuesta califica como "el más importante y potente incentivo fiscal" del régimen canario.
El diputado popular Jorge Rodríguez defendió ayer la necesidad de acometer cuanto antes la mejora de la norma por cuanto en la actualidad existen "entre 2.000 y 2.500 millones de euros en pendencia judicial", al interpretar la Agencia Tributaria que los beneficios utilizados por los empresarios para dotar la Reserva no proceden de actividades meramente mercantiles.
Esta diferencia de criterios pone en peligro, señaló Rodríguez, muchos miles de millones de inversiones en las Islas y crea inseguridad jurídica en los empresarios. Por lo que "hay prisas" por aclarar la "literalidad" del texto legal y evitar "la indeseable litigiosidad".
