El Gobierno está ultimando la reunión que mantendrá con los responsables económicos de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que tratará la desviación del objetivo de déficit y la próxima ley de estabilidad presupuestaria, entre otras cuestiones.
El Ejecutivo entiende que no puede tardar en convocar al CPFF, el máximo órgano de coordinación entre la actividad financiera de las comunidades autónomas y de la Hacienda del Estado, que no ha mantenido un encuentro desde el pasado mes de julio, presidido por la entonces vicepresidenta económica, Elena Salgado.
Este Consejo llegará en un momento en el que el Gobierno ha avisado de que se superará el objetivo de déficit, que puede llegar al 8 por ciento, principalmente por el desequilibrio de las cuentas autonómicas.
De confirmar los datos finales esta desviación de 2 puntos del déficit, el recorte inicialmente calculado en 16.500 millones para todo el año podría acercarse a los 40.000 millones para lograr un déficit público del 4,4 % del PIB.
Hasta el pasado mes de septiembre, el déficit de las autonomías se situaba en el 1,19% del Producto Interior Bruto (PIB), una décima por debajo del 1,3% exigido para 2011.
Muchos de los gastos de las autonomías se concentran en el último trimestre del año, por lo que excederán la cifra exigida para contener en el conjunto de las administraciones el déficit en un 6 por ciento para el pasado año.
Los datos de la ejecución presupuestaria de las autonomías durante los tres primeros trimestres arrojaban que sólo País Vasco tenía superávit, mientras que en el extremo de la lista se encontraban Castilla-La Mancha y Murcia, con un saldo negativo del 4,84% y del 3,03%, respectivamente.
Además, esta reunión se producirá previsiblemente antes de que el Gobierno envíe a las Cortes Generales la ley de estabilidad presupuestaria, que desarrollará la reforma constitucional, fijará en un 0,4 % el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020 e incluirá la reducción progresiva de la deuda hasta situarla en el 60 por ciento en esa misma fecha.
El Gobierno quiere con esta ley, como ha explicado la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, endurecer las exigencias de responsabilidad administrativa y contable a los responsables políticos.
También el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el desarrollo de los compromisos en materia de estabilidad presupuestaria se hará junto con las administraciones territoriales y que se atenderán a las situaciones más frágiles, pero siempre con el objetivo de volver al equilibrio en las cuentas públicas.
En el primer gran paquete de medidas económicas aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy se han incluido algunas que pueden ayudar a las arcas de las administraciones territoriales, como la subida en el IRPF.
El Ejecutivo pretende recaudar con esta medida fiscal 4.111 millones, de los que la mitad tendrán como destino las comunidades autónomas, y 918 millones de euros por la subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que es ingresado por los ayuntamientos.
En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera también se verán los planes de reequilibrio de Cataluña y Castilla-La Mancha, que se quedaron fuera de aprobación en la pasada cita.
Algunas comunidades solicitaron al anterior Gobierno una reunión antes de las elecciones generales del 20 de noviembre, que finalmente no se llegó a producir.
Salgado dijo que es de "obligado cumplimiento" convocar al Consejo para informar sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad de cada una de las comunidades, así como las medidas que se pueden poner en marcha en el caso de que haya desviaciones.
Ahora será el turno del nuevo Gobierno de fijar esta reunión, en un momento en el que las comunidades autónomas están siendo responsabilizadas del incumplimiento del objetivo de déficit.
