La retirada de licencias a YPF-Repsol no es "arbitraria", aseguró ayer el gobierno de Chubut, la mayor provincia petrolera de Argentina, al referirse a una medida que, según expertos consultados por Efe, es una decisión política y de dudoso impacto en la solución al problema energético nacional. YPF, que ya anunció que recurrirá a la Justicia para reclamar el cumplimiento de sus derechos, afirma, por el contrario, que cumplió de sobra con sus compromisos, con un aumento de las inversiones del 236 por ciento entre 2009 y 2011, hasta llegar a los 350 millones de dólares.
"La reversión de las concesiones no es una medida arbitraria ni discrecional", dice una nota publicada por el gobierno de Chubut en varios diarios argentinos y titulada "El país puede lograr el autoabastecimiento de petróleo".
Las provincias patagónicas de Chubut y Santa Cruz retiraron el miércoles las licencias de explotación de cuatro áreas de producción a YPF, controlada por la española Repsol, que, en conjunto, representan alrededor del 4 por ciento de la producción total de la compañía en Argentina entre crudo y gas.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, valoró ayer que las decisiones sobre YPF, controlada por Repsol, se hayan tomado por autoridades provinciales y no por el gobierno central de Argentina.
