El Pleno del Congreso de los Diputados votará este martes la propuesta del PSOE de crear un nuevo impuesto de grandes fortunas con el que, según sus cálculos, se podría llegar a recaudar hasta 3.000 millones de euros, la mitad de los cuales debería destinarse a las comunidades autónomas que, a su vez, estarían obligadas a gastar el 75% de ese dinero en sanidad, educación y servicios públicos esenciales.

A las puertas del debate sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2012, con la austeridad como mantra del Gobierno y con la posibilidad de introducir el copago sanitario de fondo, los socialistas proponen a la Cámara Baja la creación, en el máximo de tres meses, de un nuevo gravamen que sustituya al actual Impuesto sobre el Patrimonio y que sirva para aliviar las arcas públicas con el objetivo de poder cumplir el exigente objetivo de déficit fijado para este ejercicio.

Este nuevo impuesto debería "gravar la capacidad económica derivada de la riqueza, independientemente de dónde esté invertida, de acuerdo con una serie de criterios", si bien tiene que incluir "mínimos exentos en las cuantías necesarias para excluir a los contribuyentes con un patrimonio medio, así como la titularidad de la vivienda habitual hasta el valor máximo que se determine".

Para financiar educación, sanidad y servicios sociales

Así, podrá contemplar "gravámenes diferenciados según la naturaleza o valor unitario de los bienes, de tal forma que se sometan a mayor tributación los que son de carácter suntuario, que pongan de manifiesto una elevada capacidad económica".

Además, el PSOE reclama "cuantas provisiones sean necesarias" para evitar la evasión a través de paraísos fiscales o mediante la utilización de "sociedades mercantiles instrumentales o entidades de cualquier naturaleza o tipo, incluidas las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)".