La Agencia Tributaria podrá tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, la vicepresidenta ha afirmado que en los tribunales españoles hay expedientes fiscales abiertos por 6.000 millones que están pendientes de cobro.
Según ha explicado, en muchas deudas tributarias que están pendientes por delito fiscal o por expedientes de inspección de la Agencia Tributaria "el deudor se coloca en situación de insolvencia que impide su cobro después de procesos administrativos muy largos y procesos judiciales muy tortuosos".
Para evitar esta situación, la Agencia Tributaria podrá adoptar medidas cautelares, incluidos embargos, que eviten la situación de insolvencia de los deudores con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda.
Pagos en efectivo
El anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal también incluye la prohibición de realizar pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros.
El ámbito de aplicación de esta limitación serán las operaciones realizadas entre empresas y/o profesionales, por personas físicas con empresas y/o profesionales, y no se aplicará a las operaciones realizadas exclusivamente entre particulares o con entidades de crédito.
El límite es de 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente, con el fin "de favorecer al turista que viene a hacer compras en España".
Además, se eximirá de sanción al sujeto que voluntariamente comunique el pago en efectivo a la administración en los tres meses siguientes a haberse producido el pago.
El plan crea además una nueva obligación de informar sobre cuentas y valores en el extranjero con un modelo de declaración que se habilitará a tal efecto y cuyo incumplimiento conllevará una sanción específica.
La vicepresidenta detalló que la falta de declaración provocará la "imprescriptibilidad" de la renta no declarada y, por tanto, la posibilidad de perseguir y liquidar la deuda, las sanciones correspondientes y los intereses generados "en cualquier momento en el que fuera detectada".
Dentro del régimen de módulos, se establece la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50 % de sus operaciones a particulares.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que los objetivos de este anteproyecto de lucha contra el fraude son "ganar equidad tributaria y aumentar la recaudación", si bien no ha querido dar cifras concretas de cuánto se podría ingresar gracias a esta normativa.
Montoro ha destacado que el plan de lucha contra el fraude está en consonancia con la situación actual y ha argumentado que no hay sistema justo si existe economía sumergida y dinero negro. "Estas normas nos permitirán luchar contra el fraude y harán más eficaz las otras medidas tributarias que hemos adoptado, entre ellas la regularización de activos ocultos (amnistía fiscal)", ha añadido.
