El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) emprende un drástico recorte de sus gastos. La empresa pública del Gobierno canario cerrará la sede de Agüimes, mientras perfila otras medidas complementarias más duras, que puede afectar a la reducción de directivos, ajustes laborales y la eliminación de costes generales, después de que la consejería de Hacienda le devolviera el primer plan de viabilidad aprobado por el consejo de administración.

El ITC dispone de cinco sedes corporativas en Gran Canaria para desarrollar sus actividades científicas, formativas y administrativas. Entre ellas se encuentra la enorme sede de Agüimes, que incluye una residencia, talleres y aulas, cuyo inmueble fue cedido por la consejería de Educación.

El consejero delegado de la empresa pública, Nicolás Díaz Chico, reconoció ayer que la nueva propuesta del plan de recortes contempla el cierre de la sede del polígono de Arinaga, en Agüimes. Con esta medida pretende eliminar los altos gastos de mantenimiento de los dos edificios, aunque se mantendrá el área de ingeniería mecánica, que no será trasladado de momento. Mientras, los diez trabajadores serán recolocados en el resto de instalaciones del ITC, principalmente en la capital y en Pozo Izquierdo.

Sin embargo, Hacienda ya impuso más recortes tras devolver la propuesta inicial del consejo de administración, aunque el consejero delegado evitó entrar en las medidas alternativas que se van a aplicar.

La empresa baraja la reducción de los órganos de dirección y medidas laborales, que se están negociando con los dirigentes sindicales, y que podrían implicar rebajas de sueldos y ajustes de personal.

Hay que recordar, como ya informó LA PROVINCIA, que Hacienda puso reparos al primer plan de viabilidad porque no incluía despidos en una plantilla de 176 trabajadores.

Por su parte, los empleados de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) manifestaron ayer su esperanza de que el consejero delegado, Rafael Castellano, retire el expediente de regulación de empleo que prevé reducir a un 63% de la plantilla, tras las manifestaciones de la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos y su compromiso por la estabilidad laboral, incluso en empresas públicas.

El comité de empresa plantea que tras retirar ese ERE, Castellano debe "sentarse para pactar una solución negociada ante la reestructuración planteada".