La Fiscalía está a la espera de la documentación solicitada al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la auditora Deloitte para decidir si procede penalmente contra Bankia y los responsables de las siete cajas de ahorro que dieron lugar a la creación del banco con su fusión, entre ellas la Caja Insular de Ahorros de Canarias. Así lo explicó ayer el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, durante su participación en un acto institucional celebrado en la capital grancanaria.
"Una vez que recibamos la documentación, la analizaremos sin ningún prejuicio para decidir si existe algún hecho perseguible penalmente", añadió Torres-Dulce. La investigación, que se encuentra en "una fase muy inicial", la dirige el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.
Torres-Dulce aclaró que esa documentación "aún no ha llegado", motivo por el que no entró a valorar si finalmente serán imputados los consejeros de las entidades financieras que formaron Bankia. Las pesquisas parecen centrarse en el momento de la fusión de las cajas y en su salida a bolsa, pues Bankia declaró unos beneficios de 305 millones y pocos días después admitió pérdidas de 2.979 millones. Anticorrupción quiere conocer el estado real de esas entidades.
El fiscal general del Estado reclamó prudencia y respeto al principio de presunción de inocencia, pero también resaltó que su ministerio "tiene un compromiso beligerante respecto a cualquier tipo de corrupción", porque "es lo que daña al sistema y la credibilidad democrática de las instituciones".
En esa línea, Torres-Dulce respaldó el trabajo de Antonio Salinas y se comprometió a mantenerlo al frente de las fiscalías especiales para combatir la corrupción.
