Los sacrificios se acentúan desde hoy. El sablazo en forma de subida de impuestos llega a los bolsillos de los ciudadanos canarios, que, de facto, ya están cada vez más vacíos. La segunda comunidad autónoma con más tasa de desempleo de España (32%), después de Andalucía, se enfrenta a la mayor subida de tributos aprobada en su historia.
Este 1 de julio marca un antes y un después en la hacienda de los hogares de las Islas. Nada se salva. Todo sube: recibos de agua y luz, combustible, pan, vestimenta, cerveza, calzado, teléfono, gafas, transporte, Internet... sólo son un ejemplo de lo que se avecina.
En el ranking nacional, los trabajadores de las Islas tienen los sueldos más bajos del país con un salario medio anual de 19.315 euros; mientras que los 266.917 pensionistas cobran una media de 776,23 euros, cuantía inferior a la estatal (828,07 euros). La capacidad de ahorro de los canarios está al límite, pero ahora deben afrontar una mayor presión fiscal, agravada con una reducción salarial en el caso de los cerca de 62.000 empleados públicos del Gobierno regional.
El sinfín de modificaciones tributarias que entran en vigor desde este domingo están recogidas en las 109 páginas de la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, aprobada por el Parlamento regional el pasado 21 de junio y publicada en el Boletín Oficial de Canarias. La normativa, ratificada sólo con los votos de los partidos del pacto regional, Coalición Canaria y Partido Socialista, contempla un conjunto de medidas a fin de compensar el recorte de 800 millones de euros para el Archipiélago en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, así como el reto de cumplir con el objetivo del déficit del 1,5%.
Entre las disposiciones se establece una reorganización del personal y modificaciones salariales a los trabajadores públicos. Igualmente, incluye un nuevo articulado vinculado a los tipos del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que aglutina el mayor volumen de la recaudación para las arcas públicas con 118 millones de euros previstos, de los 250 millones que el Ejecutivo pretende recabar en sólo este segundo semestre.
A esta medida se suma el aumento de la zona alta del tramo autonómico del IRPF, al subir del 21,5 al 22,58% el tipo a las rentas superiores a 53.000 euros/año. Se instauran nuevos impuestos sobre los depósitos de entidades financieras y el de las grandes superficies, justificado por la conservación del medio ambiente. Otro, el que grava los tendidos eléctricos, se aplaza seis meses, hasta el 1 de enero de 2013.
En este difícil contexto económico el Ejecutivo revisa nueve tasas -tales como las de títulos académicos, uso de puertos canarios, inspección de carnes frescas, conservatorios de música e inscripción de mediadores de seguros-, reactiva dos -inscripción de asociaciones y fundaciones- y crea otras ocho, entre ellas por la entrega del cartón de bingo, búsqueda y rescate y la Academia Canaria de Seguridad.
El Gobierno regional habla de que estas medidas son "duras, pero irremediables" para aumentar los ingresos ante los recortes de Madrid. Mientras, patronal y sindicatos se rebelan, pero la sublevación -incluso con protestas en la calle- no ha servido de nada. El texto legislativo no tiene marcha atrás, si bien las grandes superficies amenazan con recurrir ante los tribunales el nuevo gravamen que les concierne.
Los empresarios alertan de los estragos que padecerá la ya lastrada economía de las Islas, que caerá un 0,6% este año debido a la ley impuesta por la administración autonómica. Avisan de que las nuevas medidas "estrangularán" la economía, aumentarán la tasa de paro, fomentarán la retracción del consumo y encarecerán la cesta de la compra. Todo ello bajo la amenaza de la subida del IVA, que, aunque no se tributa en las Islas, perjudicará en la recepción de turistas.
La subida del IGIC en el turismo representa una "pistola en la cabeza de la gallina de los huevos de oro", denuncia la Federación de Hostelería de Las Palmas, que avisa de que este tributo constituye "la diferencia entre la vida y a muerte" para algunos complejo. El resto de sectores como la industria gravitan en torno al turismo, por lo que se verán contagiados por el descenso de esta actividad. La preocupación de los agentes económicos y sociales se transforma en un nuevo temor: "En septiembre u octubre habrá más ajustes".
