La Caja de Canarias otorgó dos créditos hipotecarios a su último director general, Juan Manuel García Falcón, en 2010 y 2011, con el proceso de integración en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) en marcha y poco antes de que se acogiera a la prejubilación en el comienzo de este año 2012. Así consta en el detalle de retribuciones individuales y nominativas de los miembros del Consejo de Administración y altos directivos hecho público por la entidad isleña a requerimiento del Banco de España. El saldo vivo de esos dos préstamos era de 280.000 euros en el momento de hacerse público el listado.

Ambas operaciones se cerraron con unos tipos preferentes de euríbor más 0,4%. Del primero de ellos, el otorgado en 2010, García Falcón debía a la entidad 182.000 euros cuando se hicieron públicas las cantidades. Está destinado a la rehabilitación de una vivienda y tiene un plazo de devolución de 14 años. Del concedido en su último año al frente de la institución isleña debe aún devolver 98.000 euros para lo que cuenta con 13 años. En este caso, el destino del dinero eran unas obras de reforma.

Este listado es uno de los documentos que La Caja deberá presentar ante el titular del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y uno a los que se refirió la entidad cuando señaló el pasado miércoles que la práctica totalidad de la información pedida por el magistrado ya se ha hecho pública.

Entre los altos cargos receptores de créditos se encuentra también el presidente y único imputado, Juan Manuel Suárez del Toro, si bien en su caso el préstamo lo negoció antes de acceder al cargo. Se trata de un crédito hipotecario destinado a la adquisición de su primera vivienda concedido en 2005 -fue elegido presidente en diciembre de 2008- a un interés del euríbor más el 0,5%. El saldo vivo en la fecha de publicación de la información era de 195.000 euros y el periodo de devolución es de 20 años.

Obliga el Banco de España

Con la publicación de estos datos, La Caja daba respuesta a la circular 4/2011 de 30 de noviembre del Banco de España, que exigía a las entidades de crédito hacer públicas las retribuciones y otros datos de los miembros del Consejo de Administración y altos cargos.

En la relación se debían incluir todos los préstamos en vigor, de tal manera que aparecen los concedidos , por ejemplo, al representante de los trabajadores José Luis Cabrera aunque se concediera hace 17 años y en uno de los casos tuviera un interés fijo del 3%, bastante más de lo que pagaría con el euríbor actual (1,2%) más un variable preferente . En el caso de la secretaria del Consejo de Administración, Carmen Nieves Fernández, el crédito reflejado data de hace 19 años.

La lista es minuciosa y recoge hasta las tarjetas de crédito en favor de los integrantes del órgano de gobierno de la entidad. Toda la información será incorporada a la causa abierta a raíz de la querella de UPyD contra Bankia, el BFA y los consejeros de ambas entidades.