El Consejo de Administración de La Caja de Canarias aprobó las cuentas de 2011 en contra del criterio del auditor. En la reunión celebrada el 30 de marzo los miembros del órgano de gobierno de la entidad isleña desoyeron al auditor Pablo Múgica, que Deloitte desplazó desde Bilbao a Las Palmas de Gran Canaria, y decidieron por unanimidad aprobar unas cuentas que no reflejaban con fidelidad la pérdida de patrimonio que suponía a La Caja el reajuste de activos acometido por el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) en el segundo semestre del pasado año.
En vez de los 50 millones de euros que deberían haberse anotado como fondos propios, según Múgica, se contabilizaron 165 millones, según consta en el acta de la reunión del Consejo de Administración celebrada el 30 de marzo de este año.
El auditor de Deloitte trasladó a los consejeros que para calcular el patrimonio de La Caja era necesario partir de los 1.076 millones de euros que el BFA declaraba como fondos propios a 31 de diciembre de 2011, que estimaba como "una buena aproximación al valor de mercado". La estricta aplicación de la auditoría llevó a Pablo Múgica a alertar a los consejeros que si la participación de la entidad isleña en la matriz de Bankia era del 2,45%, solo podía concluirse que el valor absoluto era de 26,3 millones de euros.
En lugar de hacer caso al criterio de auditor los consejeros que asistieron a la reunión de ese 30 de marzo decidieron valorar la pertenencia al BFA en 140,9 millones de euros, que, sumados a los 24,1 millones que obraban en poder de la institución canaria, arrojan los 165 millones que, en contra de la advertencia de la empresa auditora, se anotaron como patrimonio de La Caja a diciembre de 2011.
El efecto que se lograba con ese maquillaje contable era ocultar la vertiginosa pérdida de patrimonio que estaba sufriendo La Caja de Canarias desde su entrada en el BFA, matriz de Bankia, junto a Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caixa Laietana y Caja Rioja. Hacer caso al auditor significaba asumir que de los más de 429 millones de euros de patrimonio que la entidad canaria tenía antes de conformarse el SIP (Sistema Institucional de Protección) de BFA, ya solo quedaban 50. Tras la nacionalización de la entidad que presidía Rodrigo Rato, La Caja ha perdido la totalidad de la aportación al proyecto.
