El Gobierno de Canarias quiere estudiar la "letra pequeña" de la suspensión de la paga extra de Navidad anunciada ayer por el Estado para los empleados públicos, aunque anuncia que los funcionarios de la administración autonómica no sufrirán una reducción salarial superior al 5% anual que ya se aplica en sus nóminas. El portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, criticó ayer la "nueva improvisación" del Estado y el "lógico desconcierto e incertidumbre" entre los empleados públicos.
En este punto, quiso dejar claro que "en ningún caso" la supresión de la paga extra de Navidad "se sumará" al 5% de rebaja global en los sueldos, incluida en la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, aprobada por el Parlamento autonómico y que entró en vigor el pasado 1 de julio. Marrero argumentó que esto es posible porque "ya el Gobierno canario había previsto la improvisación del Estado".
De hecho, puntualizó que así se recoge en "el título dos, capítulo uno, artículo 17 y apartado seis" de la referida normativa, de tal modo que el Ejecutivo regional podrá aplicar esa supresión de la paga extra "dentro del 5% de reducción", estipulado en el cómputo anual y que se detrae de las nóminas cada mes y en mayor medida en el próximo plus de las fechas navideñas.
El consejero regional de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, precisó que la paga extra contiene dos partes: la normativa básica sobre la que actúa el Estado y sobre la que toma la decisión; y otra parte complementaria, que compete a la comunidad autónoma, cabildos o ayuntamientos.
Al suspender el Estado la paga extra, González Ortiz considera que habrá que esperar a la redacción "exacta" de la norma porque entiende que la administración estatal "sólo puede actuar sobre la normativa básica", por lo que conllevará un "un recálculo completo" en la operación de las nóminas de los empleados públicos. En todo caso, reiteró que el Ejecutivo regional imputará esta medida dentro del 5% de reducción aprobado.
Diferencial tributario
Igualmente, el Gobierno canario rechazó una nueva subida del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) tras el alza del IVA, adelantada ayer por el Estado y que, para el pacto formado por Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista (PSOE), representa mantener los diferenciales fiscales de tributación entre el turismo en el Archipiélago y el peninsular y balear. González Ortiz interpretó que dicha medida estatal supone el mantenimiento de la competitividad en el sector, a pesar de las críticas recibidas en los últimos meses al respecto.
Además, avanzó que volverá a exigir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra hoy, la necesidad urgente de revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, un modelo que sigue distanciando a las Islas del resto de España al cifrarse en 812 millones de euros el déficit del Archipiélago respecto a la media de las regiones tras la última liquidación relativa a 2010.
"El Gobierno central no puede exigir más ajustes a Canarias". González Ortiz contestó con esta frase la petición del presidente, Mariano Rajoy, de realizar más recortes.
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Paulino Rivero saluda ayer a Francisco Hernández Spínola antes del Consejo. | efe
