Cuenta atrás para el adelgazamiento de los ayuntamientos. La reestructuración de la administración municipal que ayer anunció Mariano Rajoy dentro del amplio catálogo de recortes con los que prevé ahorrar 65.000 millones de euros incluye una reducción del 30 % en el número de concejales de todo el país, un "tajo" que se llevará a cabo tomando como base los tramos de población que fija la ley electoral para definir el número de ediles que corresponde a cada ciudad.

La bajada de munícipes se hará efectiva, previsiblemente, de cara a las elecciones locales y autonómicas del año 2015. Canarias tiene en la actualidad 1.404 concejales elegidos en las elecciones locales de 2011, que con la disminución quedarían en 983, esto es, 421 menos.

De acuerdo al porcentaje anunciado, y a la espera de una mayor concreción por parte del Gobierno central, una reducción general del 30 % en cada tramo supondría que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pase de los 29 concejales de la actualidad a 20, mientras que los de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde bajarían de 27 a 19 concejales y San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía y Arona verían reducidas sus corporaciones de 25 a 18 ediles. Betancuria perdería dos de sus siete concejales y Artenara pasaría de nueve a seis. San Sebastián de La Gomera y Valverde pasan de 13 a nueve políticos.

Este tijeretazo se engloba dentro de una profunda reestructuración de los consistorios, con la que el Gobierno busca un ahorro de 3.500 millones de euros. Además de aligerar las corporaciones, el Ejecutivo reforzará la fiscalización de los ayuntamientos, potenciará el papel de las diputaciones para centralizar la prestación de servicios y fijará unos baremos para los sueldos de los alcaldes y de los concejales, que tendrán carácter público y se establecerán en función del tamaño de los municipios. También está prevista la reducción y eliminación de empresas municipales y se aumentarán las atribuciones del interventor municipal para mejorar el control de las cuentas públicas locales. El Gobierno quiere acometer la reforma de las administraciones con carácter inmediato y que "prime la austeridad, aumente la eficiencia y se eviten duplicidades", con la premisa de "una administración, una competencia".

Ése es el objetivo fundamental de la reforma para la racionalización y la sostenibilidad de la administración local, que delimitará competencias y solucionará el problema de las impropias, a fin de que los ayuntamientos no presten servicios para los que no tienen financiación necesaria. Con esta reforma, agregó Rajoy, se garantizará que los pequeños municipios reciban "servicios públicos adecuados, a precios razonables y mejor gestionados". El Gobierno canario ve "deseable" que las "administraciones se ajusten a la realidad actual", pero insiste en que habrá que ver las afecciones en el ámbito local.