Los trabajadores del Estado, el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos de las islas protagonizaron ayer diferentes manifestaciones públicas de protesta para exteriorizar sus quejas ante los recortes salariales que ahora se les aplica desde el Gobierno central. Esto es, eliminación de la paga de Navidad (hasta 2015, cuando volverá en forma de plan de pensiones), supresión de días de libre disposición (los moscosos pasan de seis a tres y se eliminan los canosos que disfrutaban los más veteranos), supresión de liberados sindicales y mayor movilidad. Medidas todas anunciadas en el Congreso por Mariano Rajoy este miércoles y ratificadas ayer por el Consejo de Ministros.

Los distintos sindicatos volvieron a tener una reunión a modo de gabinete de crisis: la segunda, en apenas dos días. A mediodía, justo cuando las puertas de las instituciones públicas en la capital grancanaria vomitaron a centenares de funcionarios de luto, con pancartas, pitos y variedad de consignas contra el Gobierno. Un nudo neurálgico en las protestas fue el entorno de los dos edificios de Usos Múltiples, junto a Tráfico y Hacienda. En la reunión resultante de trabajadores se acordó extender la concentración con un paseo por Venegas, en el que el tráfico quedó cortado por el paso de cientos de empleados por los pasos de peatón.

"Los trabajadores públicos estamos pagando los errores de la banca", fue una de las muchas quejas entre pitos, en una manifestación que daba continuidad a las del día anterior, en las que destacó la de las oficinas municipales de León y Castillo. En el Ayuntamiento y sus sedes se repitió la maniobra, con convocatoria de todos los sindicatos.

Luto y viernes de no consumo

En ella, se invitaba a los participantes a vestir de negro, en luto de protesta contra el tijeretazo (grupos de funcionarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya lo practican cada viernes). Y ciertamente, muchos se adhirieron de forma más o menos rigurosa. No es la única medida menos convencional que se propaga entre la función pública canaria para dejar constancia de sus quejas. Los trabajadores del Ayuntamiento de La Laguna ya han adoptado los viernes de no consumo, en los que no se sale a desayunar, ni se almuerza en cafeterías aledañas, "ni se compra nada". Una docena de sindicatos respaldan la acción y la recomiendan en la administración autonómica, vía correo electrónico.

En el Cabildo de Gran Canaria no fue necesario que mediara recordatorio formal del paro. Unos 150 trabajadores se concentraron en la puerta de su sede principal, en Bravo Murillo, en otro punto a añadir al mapa de las manifestaciones. El comité de empresa de la corporación insular maneja su propio calendario de movilizaciones, como confirmó su presidente, Antonio Sánchez, que contempla concentraciones el 20 y 27 de julio en la Casa Palacio, en las cámaras de Medio Ambiente, el Jardín Canario, la Granja Agrícola, la biblioteca insular o sus centros de Servicios Sociales. Todo su personal, como el del Ayuntamiento de la capital, ya no tiene horario de verano.

En Sanidad no hubo luto, pero no descartan "una marcha blanca" en un colectivo que también mantiene una agenda especial de protestas, como confirmó José Alonso Rodríguez Tapia, representantes sindical de CC OO. Buena parte de su plantilla también se manifestó en las puertas de los hospitales, en lo que consideran "más que un ataque a los funcionarios, una agresión al Estado del bienestar".

El personal de la administración de Justicia pasó también a la acción. Ya lo lleva haciendo, de hecho, cada jueves, en protestas que también han tenido un enfoque específico a su propio conflicto laboral. Pero se suman al carro, "todos a una y con la vista puesta en el 19 de julio", según indicó el representantes de co.bas-Canarias, Adolfo Padrón, quien también estuvo en una gran mesa regional sindical celebrada en la calle Primero de Mayo, en Las Palmas de Gran Canaria, con más de una docena de formaciones (la práctica totalidad de la representación de los trabajadores públicos) que se han agregado a la manifestación del 19.

Las sedes de los juzgados también registraron el paro que durante menos de una hora se propagó ayer por toda Canarias, y en el que también se dejaron ver, a pie de calle, miembros de la judicatura y secretarios judiciales. En esta última oleada de recortes, la indignación no parece hacer distinción de grado alguno.

Algo parecido sucedió en las dependencias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Personal docente y no docente, alumnos y hasta vicerrectores también se sumaron a las quejas en el edificio de Humanidades, Veterinaria, los centros de San Cristóbal, el campus de Tafira y el Rectorado. En la mayoría de esos emplazamientos la asistencia fue de entre 150 y 200 manifestantes. Los trabajadores de la universidad también han confeccionado su propio calendario de paros, que, en principio, se repiten cada viernes en un escenario de reducción progresiva de salarios, que -se vaticina- acompañará al recorte de plazas de profesores asociados.

Menos esperado fue la movilización en Cáritas, en solidaridad con el centro municipal de Servicios Sociales de Ciudad Alta. En la ONG entienden que se están tomando medidas "con un objetivo económico y no social", que también afectan "a los menos favorecidos" y que, por ello, "no sólo tienen que ver con el funcionariado". Cáritas repetirá los paros cada viernes, en una oleada creciente de protestas que no concluirán con la manifestación convocada a nivel nacional este mes, según advierten las organizaciones sindicales.

En los centros penitenciarios de Juan Grande y Salto del Negro se replicaron las movilizaciones, y los funcionarios portaron igualmente pancartas contra el recorte en la puerta de las cárceles. Fue otro eslabón más en la cadena de indignación de los trabajadores públicos, decididos a hacer notar que éste no es un recorte dirigido en exclusiva hacia ellos. En todos estos paros los mensajes fueron comunes: su reducción salarial afectará al consumo, los políticos no se sacrifican como ellos en los recortes y el derroche del dinero de todos ha sido un pecado recurrente de los altos cargos. Los funcionarios están activados contra el Gobierno, y así seguirán si no hay remedio.