El expresidente de la Comisión de Control de La Caja de Canarias, José Ramón Durán Alday, amplió ayer la denuncia interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción el pasado día 9 de julio. El denunciante presentó nueva documentación y decidió instar al fiscal para que lleve sus pesquisas a todas las cajas que integraban Bankia, a esta entidad, a su matriz -Banco Financiero y de Ahorros (BFA)- y a todas las empresas participadas que conformaban la cartera del banco que presidía el exministro Rodrigo Rato. Además, solicita al fiscal que se interese por el papel desarrollado por el Banco de España, los auditores y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.

En su escrito del lunes de la pasada semana, el expresidente del órgano fiscalizador de La Caja circunscribía la investigación a las personas, incluido él mismo, "que han ocupado cargos en el Consejo de Administración, la Comisión de Control y la dirección ejecutiva" de la entidad isleña entre los años 2008 y 2012.

Ayer entregó 11 folios más para hacer extensivas las pesquisas a todas las instituciones que tomaron parte en la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) del BFA, del que formaron parte junto a La Caja de Canarias, Caja Madrid, Bancaja, Caja de Ávila, Caja Rioja, Caja Segovia y Caixa Laietana.

Para argumentar su petición, hizo entrega en la Delegación que la Fiscalía Anticorrupción mantiene en Las Palmas, y que dirige Luis del Río, de otros 160 folios de documentación. Entre ellos se incluyen balances, cuentas y la abundante comunicación mantenida con las instituciones alertándolas de la posible existencia de comportamientos irregulares presuntamente tendentes al maquillaje de la situación real que presentaban La Caja y el BFA.

Durán pretende de este modo facilitar la actuación a la Fiscalía Anticorrupción, detallando mediante la presentación de esos documentos los posibles comportamientos que pudieran haberse mantenido al margen de la normativa vigente.

El expresidente de la Comisión de Control de La Caja no amplía la relación de presuntos delitos que pudieron cometerse durante esos cuatro años, en los que se gestó la creación del BFA, que terminó engullendo el patrimonio de la entidad canaria tras ser intervenido por el Estado y descubrirse que tenía un agujero de más de 13.000 millones de euros.

Por tanto, en caso de prosperar tanto la denuncia original como la ampliación presentada ayer, los incluidos podrían tener que responder de presuntos delitos tales como defraudación y maquinación para alterar el precio de las cosas "que hayan podido producir o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia".

En el relato de presuntos hechos delictivos se incluyen también los de administración desleal o fraudulenta, así como los cometidos por administradores al "falsear las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de una entidad de forma idónea, con el objeto de causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios o a un tercero".

La Fiscalía Anticorrupción en Madrid está centralizando todos los escritos de denuncia que se están presentando en el entorno del caso Bankia. Esas son las órdenes que ha dado el fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, a todos sus delegados.

De hecho, el titular en Las Palmas de esa Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Luis del Río, ya remitió a Madrid la primera de las denuncias presentadas tras conocerse el verdadero estado de las cuentas de Bankia. La presentó el Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC).

Es previsible que corra la misma suerte la presentada por José Ramón Durán Alday. Más ahora que ha ampliado su escrito a directivos y consejeros de todas las cajas que integraban Bankia y el BFA.

En un primer instante y al circunscribir el expresidente de la Comisión de Control su denuncia a los representantes de La Caja, se entendió que era probable un retorno de la dirección de la investigación a Las Palmas. Evidentemente, parte de las pesquisas, caso de prosperar la denuncia, se seguirán en el Archipiélago, pero, al menos en principio, bajo la dirección de Salinas y su equipo.