La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) mostró ayer "su pesar por el fuerte incremento fiscal" que van a soportar pequeñas y medianas empresas y autónomos con la subida del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) preparada por el Gobierno canario. Las subidas calculadas por la patronal varían entre el 20% y el 40%.
Al contrario que a otras empresas, a pymes y autónomos, que conforman la mayor parte del tejido empresarial de las Islas, el pago del IGIC les supone un gasto fijo trimestral que se calcula en función de la actividad a que se dedican -módulos- y que se incrementa también en base al tamaño del personal con que cuentan.
Con carácter anual los módulos se someten a revisión "o se dejan como están", señaló ayer el secretario general de la CCE, José Cristóbal García. "Dada la situación actual y las dificultades por las que pasan este tipo de empresas y autónomos, lo que pedimos para este año es que permanezcan invariables", explicó García.
El trámite de audiencia concedido por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias lo completaron ayer los empresarios. En un escrito dirigido al director general de Tributos del Gobierno canario, Alberto Génova, exponen que en línea con las alegaciones presentadas en el mes de mayo al Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que derivó en la subida de impuestos que entró en vigor el 1 de julio, su pesar por "el fuerte incremento fiscal (...) previsto en los índices y módulos del IGIC".
Los empresarios estiman, y así se lo hicieron saber a Génova, que esta subida "complica aún más la supervivencia de los principales sujetos pasivos del régimen simplificado del IGIC, las pequeñas empresas y los autónomos, base sobre la que se cimenta el tejido productivo del Archipiélago".
La subida de impuestos será asumida por los pequeños y medianos empresarios y autónomos desde el último trimestre de este año y provocará "el desgaste de la actividad y el empleo de las empresas canarias". Teniendo en cuenta que los pagos del IGIC son fijos, es decir, no varían en función de las ventas realizadas, el escaso nivel de consumo que padece el Archipiélago en la actualidad es otro de los factores que juega en contra de las pymes y los autónomos. Facturan menos, pero tienen que pagar más, en caso de concretarse esta subida de los índices y los módulos.
Así, si en los tres primeros trimestres de este año una cafetería de las Islas ha venido pagando 1.387,1 euros por empleado, a partir de septiembre verá cómo esa cantidad se convierte en 1.664,5 euros. Por kilovatio de potencia eléctrica contratado, hasta la fecha un establecimiento de estas características pagaba 72,92 euros y a partir de ahora tendrá que hacer frente a 87,5 euros. En ambos conceptos, el incremento calculado por la CCE es del 20%.
El presidente de la patronal de la provincia de Las Palmas, Sebastián Grisaleña, calificó como "grave" el impacto "que se va a ocasionar" a la actividad "de estos señores" en referencia a los pequeños y medianos empresarios y autónomos.
El de la cafetería es solo un ejemplo. En el caso de un taller de confección de prendas de vestir y complementos, cada miembro del personal supone en la actualidad 579,13 euros. La subida será de 144 euros por empleado, un 25% en términos relativos. Y por cada caballo de vapor del vehículo o vehículos con que cuente la empresa tendrá que abonar 26,81 euros, en lugar de los 21,45 euros que venía pagando hasta la fecha.
El principal temor de la CCE es que este nuevo incremento impositivo termine por estrangular al tejido productivo canario. Se calcula que el 80% de la actividad empresarial del Archipiélago se concentra en manos de autónomos y pequeños y medianos empresarios.
Ya el incremento de la presión fiscal aprobado por el Parlamento canario el pasado mes de junio supuso un duro enfrentamiento entre empresarios y Gobierno de Canarias. Las críticas y alegaciones de las patronales no surtieron efecto.
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, Javier González Ortiz, explicó entonces que era inevitable subir los impuestos como parte del plan para recortar en 800 millones de euros el presupuesto canario aprobado para este año. El aumento de la presión fiscal debe aportar 250 millones de euros de esa cantidad total, según los cálculos de González Ortiz. Los 550 restantes tienen que venir de las reformas introducidas en el aparato de la comunidad autónoma. Entre estas últimas se incluye la rebaja salarial a los empleados públicos.
