Los usuarios pagarán 40 euros más por los recibos de la luz hasta final de año

El recibo de la luz es, desde agosto y hasta final de año, ocho euros más caro. Es lo que los consumidores tendrían que haber pagado de más entre octubre de 2011 y marzo de 2012, debido al aumento de los costes de producción y distribución de la energía. Los gobiernos de Zapatero y Rajoy congelaron la repercusión en los hogares de ese incremento del gasto para las compañías, pero varias resoluciones del Tribunal Supremo han dado la razón a las eléctricas, que ahora proceden a refacturar esos meses a los usuarios. El 31 de diciembre cada cliente habrá pagado, en total, una media de unos 40 euros de más sobre su consumo.

Los afectados son todos aquellos que tienen contratada una Tarifa de Último Recurso (TUR). Es decir, la mayoría de los españoles, que son quienes no se han cambiado a una factura cerrada en el libre mercado con cualquiera de las empresas distribuidoras que ofertan este servicio, y que tienen un consumo inferior a los diez kilovatios.

La refacturación viene impuesta por varios autos del Tribunal Supremo emitidos en los meses de febrero y marzo. En abril, el Gobierno publicó la orden que regula este cobro atrasado, y que da cumplimiento a las resoluciones del Alto Tribunal. No están afectados por la medida los usuarios que disfrutaban de un bono social entre octubre de 2011 y marzo de 2012. Estos son los que tienen contratada una potencia inferior a los tres kilovatios, familias numerosas, pensionistas o aquellos hogares en los que todos sus integrantes están en paro. En todos esos supuestos, la cuantía del recibo no se altera.

El cobro de cantidades pendientes de los dos trimestres citados tampoco repercutirá en el otro extremo del espectro de consumidores. Esto es, en aquellos que tienen contratada una potencia superior a los diez kilovatios que, por ley, deben acudir al mercado libre para abastecerse de energía.

Las diferentes compañías eléctricas han emprendido el proceso de refacturación adjuntando a sus facturas la carta en la que se explica el porqué. Se trata de una copia de la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 26 de abril. El origen del conflicto con la administración se remonta a dos órdenes del Gobierno en las que se establecían los precios de los peajes de acceso, en 2011 y 2012.

Los peajes establecen el precio que pagan las compañías distribuidoras por el uso de las redes que distribuyen la energía, y que se incrementó en ambas ocasiones. Primero fue el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el que, en el último tramo de 2011, decidió que este encarecimiento de la energía no repercutiera sobre el consumidor y que con ello la factura se mantuviera inalterada. Luego, el Gobierno entrante del Partido Popular, con Mariano Rajoy en la presidencia, adoptó idéntica decisión.

Los tribunales resolvieron a favor del cobro de estas cantidades, en un año en el que el consumo doméstico ha tenido que sufrir otras subidas que se han ido acumulando en las cuentas de los ciudadanos. Así, después de la congelación de tarifas en el mes de enero, el Gobierno central procedió en abril a un incremento del siete por ciento del recibo de la luz.

Además, el precio de la electricidad para los hogares también quedó afectado por la subida del IVA que aprobó el Ejecutivo (del 18 al 21 %), que entró en vigor el pasado 1 de septiembre. En Canarias, exenta de la aplicación de este impuesto, los recibos no sufrieron esta subida adicional.

Sin embargo, en las Islas ya se había incrementado con anterioridad la factura con la subida del IGIC del 1 de julio, por decisión del Gobierno autónomo (del 5 al 7 %). El impacto de la subida de los tributos se notó antes en el Archipiélago.

Las compañías eléctricas también advierten a sus clientes de que a 31 de diciembre, cuando finalice este ajuste retroactivo de los precios, sólo se verán reflejados en las facturas los conceptos habituales a las tarifas vigentes en ese momento. Pero los usuarios podrían sufrir otras subidas.

El Gobierno central revisa los precios cada trimestre, con lo que el recibo puede alterarse en dos ocasiones más en lo que queda del presente año. Además, la mitad del coste de la luz viene dado por las subastas de energía que, en un contexto de libre mercado, realizan las compañías generadoras a las comercializadoras del servicio. La factura no tiene un coste estable para el cliente.

Sin embargo, los consumidores sí pueden recurrir a otro tipo de servicios con una tarifa más estable. Si se contrata la luz en el mercado libre, se eluden los cambios de precios que imponen las disposiciones del Gobierno. Desde que se liberalizara el mercado, la luz ya no es un gasto fijo e inamovible, por lo que los consumidores deben estar más atentos para decantarse por la que sea la mejor opción para su economía doméstica.

Precedente de repercusión

El Consejo de Ministros aprobó este viernes siete nuevos impuestos para intentar compensar el déficit tarifario. Esto es, la diferencia entre el coste de la producción, el transporte y la distribución de la energía y el precio final que paga el consumidor. En la actualidad, el déficit asciende a 24.000 millones de euros, cuando a final del ejercicio, según lo presupuestado, sólo puede alcanzar los 1.500 millones. Además, en 2013 tendrá que ser reducido a cero. El contexto de restricción del gasto y el ajuste de las cuentas del Estado han definido la nueva realidad del sector eléctrico. El Gobierno anunció que no está entre sus intenciones que estos nuevos impuestos repercutan en el consumidor. En otros términos, pretende mantener los precios de los peajes de acceso que pagan las compañías para obtener y comercializar la energía. Sin embargo, el actual Ejecutivo y el anterior fracasaron en su intento de congelar el desvío del aumento de los costes al bolsillo del usuario. Las resoluciones del Supremo terminaron por subir la factura. A. O.