Los sindicatos y las organizaciones sociales que integran la llamada Cumbre Social de Canarias, entre ellos UGT, CC OO, CSIF y los colectivos de policía CEP, SUP y UFP, estudian convocar una huelga general en noviembre contra los recortes del Gobierno central. La fecha aún no está cerrada, pero podría celebrarse el día 14, coincidiendo con el paro general en Portugal.

De convocarse finalmente esta huelga, sería la séptima en España, la tercera contra un Ejecutivo del PP y la segunda para el equipo de Mariano Rajoy, tras la del pasado 29 de marzo. La Cumbre Social ha convocado concentraciones este domingo ante la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y la Subdelegación e Santa Cruz de Tenerife, a las 11.30 horas.

Asimismo, constituirá un comité autonómico, cuya misión será fijar un calendario para recabar firmas en favor de la convocatoria de un referéndum, mecanismo que creen que servirá para mostrar el rechazo "de la mayoría silenciosa" a los ajustes aplicados por el Gobierno y al "fraude electoral" del PP.

La Cumbre Social se da un periodo de reflexión de quince días para fijar la fecha de la huelga general para que tenga una "respuesta social contundente", y concurra con otras protestas similares en los países del Sur de Europa, informó ayer el secretario general de UGT en las Islas, Gustavo Santana, en rueda de prensa, acompañado por el responsable de CC OO en Gran Canaria, Antonio Pérez, junto a otros dirigentes.

Según Santana, el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado aboca al Archipiélago a una "depresión económica". Pronosticó que los recortes conllevarán una subida de la tasa de paro en Canarias del 33% al 35%.

Otra de las fórmulas posibles que barajan los sindicatos y que no afecten al bolsillo de los trabajadores es "una huelga de consumo". Respecto a lo que podría hacer el Gobierno canario para paliar los efectos de la crisis en unas Islas "con una economía sumergida del 40% y 150.000 euros diarios que se van en infracotización a la Seguridad Social", Santana propuso una cooperativa de crédito pública. Este instrumento permitiría crear una entidad que estimulara el crédito entre familias y empresas.