El Gobierno de Canarias ha planteado al Ministerio de Fomento "todas las alternativas" para que mueva dos balizas para el control del tránsito aéreo en Gran Canaria, y desbloquee de ese modo la ejecución de once parques eólicos que permanecen paralizados por las leyes de servidumbre que prohíben cualquier estructura en su entorno. La viceconsejera de Industria y Energía del Ejecutivo regional, Francisca Luengo, así lo anunció ayer. Sin embargo, el Gobierno central no la recibe pese a que, según Luengo, le está solicitando una reunión desde el pasado mes de junio con el fin de solucionar un problema que mantiene en vilo a los empresarios del sector.

La viceconsejera describió la polémica de las balizas (ubicadas en Pozo Izquierdo y Arinaga desde hace tres décadas) como "otro traspiés" en las relaciones con el Ministerio. Las servidumbres impiden que se levanten estructuras en un radio de tres kilómetros alrededor de estos faros aéreos, con lo que se paralizan los proyectos de once de los quince parques que se licitaron en el concurso eólico para Gran Canaria en el año 2007, justo en la zona de más viento de la Isla.

"Es un problema que se puede resolver, y para eso hemos planteado todas las alternativas posibles", indicó Luengo, en alusión a lo contemplado por un informe técnico encargado por el Gobierno de Canarias a la empresa Prointec, y a las localizaciones alternativas de las balizas propuestas a Fomento "para salvar los parques".

Además, indicó que, desde que tomó posesión, había acordado con el Ministerio abordar la actuación de los parques en Gran Canaria en febrero, antes del fin de la pasada legislatura. Tras el cambio de Gobierno en Madrid, la viceconsejera sólo pudo mantener una reunión con el Ejecutivo central el 20 de junio. Después, tampoco se han reanudado los contactos "pese a que he insistido por teléfono para mantener un encuentro".

La titular de Energía en el Ejecutivo regional abordó esta cuestión con los principales representantes del sector de las energías renovables en Canarias. En el encuentro estuvo también presente Ernesto Pérez, presidente de la Asociación Eólica de Canarias, quien indicó que "los parques que no se pueden instalar en el Sureste suponen un ahorro anual de 12 millones de euros, cuando cambiar las balizas de sitio sólo cuestan dos millones".

Por su parte, Claudio Palmés, presidente de la Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico de Canarias, manifestó que "en los últimos años hemos rebatido con argumentos técnicos las reticencias de Fomento para trasladar las balizas" , y criticó la "falta de voluntad política para resolver esto".

El Cabildo de Gran Canaria, que denunció ante los tribunales el freno que estas balizas suponen a su Plan Territorial de Energía Eólica (PRTE-32), espera que el Ministerio de Fomento cambie su postura, informó Efe. El presidente insular, José Miguel Bravo de Laguna, indicó que recientemente se ha emitido una resolución que "de alguna manera va a obligar a Fomento y AENA a matizar un poco los inconvenientes que hasta ahora están poniendo a los parques eólicos en Gran Canaria".