El empleo no declarado en Canarias le cuesta a la Seguridad Social 150.000 euros diarios, según los estudios que maneja la Dirección General de Trabajo del Gobierno regional, que han elaborado patronal y sindicatos dentro de un plan de acción contra la economía sumergida en el Archipiélago. El trabajo que desempeñan de forma oculta los parados, asalariados que estiran su jornada laboral o realizan otra actividad y los autónomos encubiertos (contratados que se dan de baja y pasan a ser falsos trabajadores por cuenta propia) tienen un coste en cotizaciones de 54,7 millones de euros al año. La directora general del área, Gloria Gutiérrez, ya advirtió esta semana de que hay 125.000 empleos sumergidos en las Islas. Esto es, el equivalente al 43% de los desempleados de la región que si cotizaran rebajarían la tasa del paro en doce puntos. Canarias pasaría de ser la quinta en el ranking de desempleo a la novena.

La crisis ha provocado un constante aumento del desempleo en Canarias, que ya tiene una tasa del 34,2 % -y 378.000 parados-, tal como se anunció en la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este año. Pero también ha disparado el empleo sumergido. De ahí que la propia administración regional trabaje desde hace más de un año con empresarios y representantes sindicales para tratar de, al menos, diagnosticar el problema. Los informes revelan un llamativo aumento del trabajo irregular, que se ha incrementado en un 25 % desde 2009. En apenas tres años, la Seguridad Social, que ya sufre un descenso en sus cotizaciones por la evolución de la tasa de paro, también deja de ingresar por trabajos que siguen siendo demandados, pero que se cubren de forma ilegal.

"En unos casos, se trata de trabajos ocultos que hacen los parados, pero en otros también estamos hablando de asalariados que tienen otra cosa fuera de su puesto. Tampoco creemos que haya que poner el foco en los desempleados en este asunto", subraya José Miguel González, director del gabinete técnico de CC OO. El sindicato estima en un 30 % del PIB el peso de la economía sumergida en Canarias. González añade que "el sistema sigue necesitando esas horas de trabajo, ese es el lado bueno de los datos". En el debe, apunta que "la economía sumergida se ha convertido hoy en una necesidad para muchas familias".

Desde la Dirección General de Trabajo se plantean dos tipos de soluciones, como explica Gloria Gutiérrez. Por un lado, "los incentivos que podamos ofrecer a los desempleados y las empresas para que no incurran en estas situaciones irregulares", aunque para eso, como admite la propia titular del departamento, hacen falta fondos que de momento no llegan en los presupuestos.

La segunda línea de acción contra el empleo oculto son las inspecciones, y ahí el Gobierno regional espera firmar pronto un acuerdo con el Ministerio para que todos sus inspectores puedan colaborar y cruzar datos con los funcionarios estatales, que son los que tienen la competencia para levantar sanciones. El personal de departamentos regionales como los de Agricultura, Hacienda, Puertos, Transportes u Obras Públicas podrá remitir partes a la administración central sobre las plantillas, si detectan situaciones laborales anómalas cuando realizan su evaluación habitual de una explotación agrícola, un servicio determinado o las cuentas de una entidad.

La patronal

Para la patronal, el control es, en ocasiones, excesivo. El presiden- te de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña, sostiene que "tampoco se puede ahogar todos los días al empresario que cumple, pidiendo papeles y más papeles". Grisaleña entiende que "la administración tenía que haber actuado con mucha más contundencia hace mucho tiempo, por eso hemos llegado a esta situación. No nos sorprende que estemos en estos niveles. Aunque también es cierto que si en la calle hay una relativa tranquilidad es, precisamente, por la economía sumergida".

La confederación de empresarios abrió el pasado día 30 un portal informativo para combatir el empleo sumergido (http:/informa.ccelpa.org). Otros colectivos empresariales (del sector industrial) han comenzado a cambiar las tornas y acuden a la administración y a los propios sindicatos para denunciar cómo los empleos no declarados favorecen una competencia desleal. "El mundo al revés", comentan en los sindicatos.