El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, cumplió su amenaza de dejar de trabajar con los bancos que se aparten del Protocolo Antidesahucios de la ciudad y retiró ayer los 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento tenía depositados en Bankia. Lo hizo tras conocer que la entidad financiera ha quitado la vivienda a una vecina del municipio.

Bermúdez tomó la decisión el martes tras enviar una carta a los rectores del banco solicitándoles que no consumaran el desalojo. Al no obtener respuesta, decidió cancelar la cuenta y retirar de ella gran parte del dinero que la Corporación tenía ingresado.

"Enviamos dos cartas, una a la entidad bancaria y otra a los juzgados. En un principio, el banco negó la existencia de dicha carta, aunque después pidieron disculpas, porque cuando hablamos con ellos no tenían conocimiento de la misiva", aseguró ayer el concejal de Hacienda santacrucero, Alberto Bernabé.

Sobre el contenido de la carta que el Ayuntamiento remitió a Bankia, Bernabé explicó que en ella se solicitaba a la entidad que aplicara las medidas que aparecen recogidas en el Código de Buenas Prácticas del Protocolo Antidesahucio antes de llevar a cabo el desalojo de Carmen Omaña y sus hijas. Entre las medidas que la Corporación propone a los bancos se encuentran la moratoria en el desahucio y en el crédito hipotecario, alquiler social, posibilitar la petición de ayudas y dación en pago, entre otras.

"Pedimos al banco que busque una solución para la afectada y le propusimos que le facilite un alquiler social. En principio, no han rechazado esta opción, aunque comentaron que solo disponen de un piso en el municipio", explicó el concejal de Hacienda. Además, Bernabé adelantó que esta vecina recibirá una subvención de 1.800 euros a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) para ayudarle a pagar el alquiler.

La UE ve abusos

Un dictamen publicado ayer por la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), Juliane Kokott, considera que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son incompatibles con las normas europeas de protección de los consumidores.

La letrada estima que la regulación procesal española no protege al consumidor contra posibles cláusulas abusivas en el contrato hipotecario, al permitir la pérdida de la propiedad y el desalojo antes de poder ejercitar una acción por daños y perjuicios.

El dictamen responde a una consulta efectuada por un juzgado mercantil de Barcelona, ante el que un ciudadano presentó una demanda contra CatalunyaCaixa tras ser expulsado de su vivienda.El afectado pedía la nulidad de una de las cláusulas del préstamo hipotecario y por tanto, también el proceso que le arrebató su vivienda.

Continúan las declaraciones

El ex consejero de BFA, la matriz de Bankia, Jesús Pedroche declaró ayer en la Audiencia Nacional en relación al proceso de fusión y salida a bolsa de la entidad que tuvo la sensación de estar representando un "guión escrito por otros" en referencia al "Gobierno y el Banco de España". Según fuentes jurídicas, así lo señaló Pedroche -consejero a propuesta del PP y expresidente de la Asamblea de Madrid- durante su declaración como imputado ante el juez Fernando Andreu, en la que también aseguró que tanto las cuentas formuladas en marzo de 2011 como las reformuladas en mayo eran una imagen fiel de la contabilidad de la entidad, pese a ser diametralmente opuestas. Pedroche argumentó que reflejaban estrategias diferentes.

Por su parte, Remigio Pellicer -empresario sin titulación académica y consejero en Bancaja a propuesta del PSOE-, admitió no tener formación específica sobre auditoría aunque estaba familiarizado con esas obligaciones porque sus siete empresas estaban sometidas a auditorías. Es el segundo miembro de la Comisión de Auditoría que revela que no tenía conocimientos adecuados para ocupar un asiento en ese órgano clave de la entidad.