La patronal rechaza el paro convocado para mañana y califica la huelga de "política". El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, José Cristóbal García, señaló ayer que la convocatoria "no va contra las empresas y es totalmente injusta para ellas", y criticó que los partidos en la oposición "casi se estén manifestando a favor de este llamamiento, lo cual falta a la responsabilidad que debe demostrar la clase política". La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE y Cepyme (patronal de la mediana y pequeña empresa) lanzaron ayer un comunicado en el que también se encuadra la protesta "contra el Gobierno de la nación" y sus "legítimas decisiones legales", y coloca a las patronales como "meros receptores pasivos de la huelga".

Estas organizaciones insisten en "garantizar el derecho al trabajo", alertan de "los daños que conlleva" el paro y recuerda que el contrato laboral está "en suspensión" el tiempo en que se mantenga la huelga, además del recorte salarial que conlleva secundarla.

Enfrente, los sindicatos reclaman el apoyo "de todos los ciudadanos" en el 14N (paro, huelga de consumo y manifestación por la mañana y por la tarde), ante lo que definen como una situación de "emergencia social", en un llamamiento que se extiende al conjunto de la Unión Europea -habrá paros en Portugal y Grecia-. La convocatoria, que en el continente defiende la federación sindical europea, y que a nivel nacional lanzan CC OO, UGT, CGT y CNT, es secundada por distintos colectivos ciudadanos de corte dispar, que coinciden en la necesidad de pelear contra los recortes y las políticas de austeridad.

En Canarias, la acción coordinada la asumen un amplio frente de siglas y profesionales: desde Intersindical Canaria, SOC o Co.bas hasta Jueces para la Democracia, Abogados Laboralistas, graduados sociales, ecologistas, ONG o asociaciones de padres. Todos animan a la protesta, aluden a las "líneas rojas" que cruza el Gobierno con sus reformas y ajustes y defienden los "derechos adquiridos", en el anunciado otoño caliente.

Por primera vez, se convoca una segunda huelga general en el mismo año (la última fue el 29 de marzo). Desde entonces, en Canarias hay 14.000 ocupados menos (746.300), y 15.900 parados más (378.200, con una tasa del 33,6%). Con estos datos, los sindicatos también apuntan contra el Gobierno regional, sin perder el foco sobre los cambios impulsados desde Madrid: la reforma laboral de febrero, las reducciones salariales a los funcionarios o la sucesión de recortes e incrementos fiscales.

La Asamblea Popular de Gran Canaria, un heterogéneo conglomerado de asociaciones, también llama a una huelga de consumo, para "no gastar" en todo el 14 de noviembre: se pide no consumir en comercios, no coger el transporte público o el coche o incluso no sacar dinero del banco. "Se trata de que los parados, que no pueden hacer huelga, o los estudiantes o jubilados también puedan protestar", precisó René Behotegi, representante de Intersindical Canaria.

Z Austeridad

Rafael Segura, portavoz de Co.bas y de la Asamblea por Gran Canaria, reforzó la convocatoria de una "huelga popular", y destacó la necesidad de protestar, "porque estamos viendo que se consigue una reacción, como se ha demostrado en el tema de los desahucios". Rafael Hernández, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), también apoyó el paro, "porque no estamos de acuerdo con los continuos recortes presupuestarios". En general, sindicatos y organizaciones ciudadanas hablan de pérdida de derechos e involución democrática con los continuos ajustes.

Juan Jesús Arteaga, secretario general de CC OO en Canarias, también apuntó que "el recorte de más de 500 millones de euros en los próximos presupuestos regionales afectará seriamente a la administración, pero lo van a notar todos los ciudadanos". Los convocantes subrayan el carácter internacional y ciudadano de la cita, siempre contra el enemigo de la "austeridad a toda costa".

En la patronal no se secunda la protesta, pero sí se reclaman "medidas de incentivación", como apuntó ayer José Cristóbal García, "porque si no, entramos en un círculo vicioso en el que la demanda no se recupera". Los empresarios también están notando la caída del consumo y reclaman iniciativas de reanimación. "Parece que Rajoy está reconsiderando esto", apuntó García. Eso sí, la patronal defiende "una reducción importante del gasto público".

Un matiz: no todos los sindicatos respaldan el paro. El CSIF, que tiene su base en los funcionarios (y que representa a unos 3.700 trabajadores en Canarias) no secunda la convocatoria, aunque también ha expresado sus críticas a los recortes en las instituciones.

Z Sanidad

El copago sanitario o la reducción de recursos sustentan parte de las quejas sindicales y ciudadanas. Francisco Domínguez, portavoz del sindicato de enfermería en Las Palmas (Satse) se posiciona a favor de la huelga, "porque entendemos que la Sanidad no puede permitirse bajar la calidad que merece la sociedad", y criticó los ajustes que afectan a "los medios que tenemos y los trabajadores que prestan estos servicios. Todos los ciudadanos están afectados". Los enfermeros, que cada jueves se manifiestan en el exterior de los centros hospitalarios, se sumarán al 14N con otra marcha blanca.

La visión de la patronal en este sentido alude al imperativo de contener el gasto en las administraciones públicas. El portavoz de la patronal de Las Palmas señala: "No estamos a favor de quitar médicos o profesores", subrayó, "pero entendemos que no se pueden mantener los mismos niveles de gasto cuando los ingresos no son iguales. Es prioritario", continuó, "optimizar los recursos de los que disponemos, y, con menos, hacer lo mismo".

Z Educación

Precisamente, la comunidad educativa también se suma a protesta, a través de la Asamblea Canaria por la Educación Pública. Emilio Armas, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC), que se integra en el citado colectivo, manifestó ayer: "El profesorado no es ajeno a los problemas que afectan a la sociedad en general; ese es el primer motivo por el que secundamos el paro". Armas añadió: "En lo que atañe a la Educación, con estos recortes no tenemos una condición mínimamente digna para lo que se merece la sociedad: no es justo para el alumnado, y tampoco para el profesorado". El representante sindical también alertó de la inminente aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), "que pretende privatizar y hacer negocio con este derecho". Estos son ya motivos más específicos por los que parte del colectivo de enseñantes ha mostrado la necesidad de intensificar las protestas públicas.

Z Autónomos

Otra de las asociaciones que se manifestaron ayer a favor del 14N fue la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Uno de sus representantes, Alexis Serra (también vinculado a UGT), recordó ayer: "Cada día tenemos más dificultades para mantener nuestros negocios abiertos". Serra también criticó el incremento de la presión fiscal sobre este colectivo, no sin subrayar: "Normalmente, somos muy poco propensos a la huelga".

José Cristóbal García, desde la patronal, expresó en cambio sus dudas sobre la respuesta de los autónomos. "Creo que la mayoría irán a trabajar", señaló, "porque estas personas están todos los días peleando por su negocio". Aunque García sí convino en la necesidad de buscar "estímulos" para que los trabajadores por cuenta propia no lleguen a una situación límite.

Z Servicios mínimos

Gobierno canario y sindicatos firmaron ayer el acuerdo sobre los servicios mínimos del 14N, informó Efe. En dos áreas no hubo entendimiento: Sanidad y las escuelas infantiles.

En los colegios de Infantil y Primaria trabajarán, como mínimo, un directivo y dos profesores, mientras que en los institutos de Secundaria y en las escuelas de Arte se garantiza la presencia de un directivo y un profesor. El comedor escolar sólo se asegura a los internos y alumnos de Educación Especial. En los juzgados habrá un psicólogo y un trabajador social, y se respetará todo el personal de guardia en los órganos que atienden los casos de violencia de género. Habrá un empleado en cada oficina del Servicio Canario de Empleo, y un oficial en cada puerto. En los centros de día de Políticas Sociales trabajarán siete directores en todo el Archipiélago.