Son contadas las ocasiones en que los responsables políticos ofrecen cifras cerradas sobre el coste económico que una convocatoria de huelga general ha tenido en España. En la etapa de José María Aznar, su entonces vicepresidente económico Rodrigo Rato, apenas se atrevió a lanzar el dato de que cada trabajador que hiciese huelga perdería de media 70 euros. Esta es la única magnitud que puede determinarse claramente. Las empresas descuentan un día de salario con la parte proporcional de las pagas extra y comunican una día de baja en la cotización a la Seguridad Social. Es un dinero que se ahorra el empresario. Por contra, la empresa no podrá descontar la parte correspondiente de la nómina si cierra o paraliza la producción por decisión propia.

Las vacaciones tampoco son descontables en una huelga general, como tampoco se puede obligar al empleado huelguista a recuperar las horas perdidas. En caso de que la empresa aplique descuentos que no tocan u obligue a recuperar horas, el trabajador puede interponer demandas individuales y recuperar lo perdido ese día. Es la empresa la que tiene que probar que el recorte salarial es legal.

Puede darse la circunstancia de que, como consecuencia de los piquetes, las manifestaciones o el corte en los transporte un trabajador no pueda llegar a su empleo. En este caso, la empresa puede descontar la jornada de sueldo, pero debe cotizar a la Seguridad Social.

El huelguista puede calcular cuánto le costará hacer huelga dividiendo el salario bruto mensual por los 30 días del mes. Se calcula además la parte proporcional de la paga extra. La media de pérdida viene a ser de unos 90 euros, aunque esta cantidad depende del nivel salarial de cada trabajador.

El coste que una huelga general puede representar para la riqueza económica del país es uno de los principales argumentos de los sectores contrarios a la convocatoria. La patronal CEOE calcula que con un seguimiento medio del 35%, el paro puede reducir en 1.000 millones de euros el Producto Interior Bruto anual. La cifra se obtiene de dividir el PIB entre el número de días laborables de España. En realidad el dato es el valor de producción española de un día. Así, con un seguimiento masivo, sin tener en cuenta los servicios mínimos, el coste superaría los 4.000 millones.

El problema es que la última convocatoria de huelga general, la del pasado 29 de marzo, hubo mucha disparidad de seguimiento en función de los sectores económicos. Mientras las grandes industrias y empresas ubicadas en los polígonos industriales cerraron o fabricaron al mínimo, comercios y empresas de servicios apenas tuvieron incidencias. Mayor fue el seguimiento en la Administración pública. Esto complica el cálculo de coste de la huelga, porque cada sector hace una aportación distinta al PIB nacional. A todo esto hay que sumar el elevado número de parados que comparte la protesta pero no pueden hacer huelga porque no trabajan.

Lo que es impredecible es el coste sobre la marca España en el exterior. Esta está ya bajo mínimos, así que nuevas imágenes de protestas en la calle redundan en la sensación que ya tienen los mercados sobre la situación interna del país. Hay quien opina que muchos inversores escudriñan más la reacción que tiene los gobernantes al paro general y si mantienen sus reformas. Así es la vida.