La huelga no logró paralizar ayer la Isla. La jornada de paro transcurrió con total normalidad y sin apenas incidentes, a excepción de los piquetes protagonizados por los trabajadores de Correos que provocaron la suspensión del servicio de reparto al impedir la descarga del camión que trasladaba la correspondencia y paquetería para su posterior reparto. Las oficinas de Correos se encontraban cerradas a cal y canto e incluso los funcionarios obligaron al cierre de las dependencias ubicadas de Antigua.
Los servicios básicos no se vieron afectados en ningún momento, ya que funcionaron con total normalidad los servicios mínimos establecidos por empresas e instituciones. La operatividad en el aeropuerto, muelles o centros sanitarios y educativos no se vieron afectados por la ausencia de trabajadores. Algunos comercios, tanto de la capital como del resto de municipios, optaron por no abrir por miedo a las represalias de los piquetes, que no llegaron a producirse contra los establecimientos. De hecho, a Puerto del Rosario arribó a primera hora de la mañana un crucero con más de un millar de turistas y se pudo observar por comercios y vías públicas a los visitantes sin que tuvieran la percepción de la existencia de un paro general.
Los ciudadanos tomaron ayer las calles de Puerto del Rosario para manifestarse contra las políticas del Gobierno del Estado. Desde media tarde cientos de personas procedentes de todos los puntos de la geografía majorera comenzaron a llegar a la capital llamados por los diversos sindicatos convocantes. Primero, se concentraron en el entorno de la Delegación del Gobierno y posteriormente iniciaron una marcha. Mientras los sindicatos cifraron la participación en unas 7.000 personas, fuentes policiales rebajaron la cifra hasta los 1.500 manifestantes.
Uno de los momentos de tensión se localizó en Antigua cuando llegaron los carteros que se habían trasladado desde la capital al tener conocimiento de que la oficina de Correos se encontraba abierta al público. Tras la llegada de los piquetes, la responsable llamó a la Policía Local y Guardia Civil, aunque finalmente decidió cerrar.
El Sindicato Majorero de Trabajadores denunció que el gobierno del Cabildo " coartó la libertad sindical al no haber negociado con los representantes sindicales los servicios mínimos no definió los servicios ni las personas afectadas".
