La huelga general que vive hoy Portugal afecta de forma irregular a los colegios y los servicios estatales, se siente con fuerza en el transporte público y poco en los comercios, según fuentes sindicales y medios de comunicación.

La agencia Efe constató largas colas en las paradas de autobuses de Lisboa, cuyas estaciones de metro están cerradas, y muy poca actividad en las principales terminales de pasajeros de la ciudad, como la de Cais de Sodré, en la que apenas se registraba movimiento de barcos y no operaban los trenes.

En cambio los comercios de la capital parecían poco afectados por un paro que la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, comunista), el mayor sindicato luso, ha considerado ya un éxito en sus primeras horas.

En Oporto, los servicios de transporte disponían de más servicios mínimos que en Lisboa, pero tanto en esa ciudad como en los principales núcleos urbanos del país la circulación de autobuses era muy irregular, según diversos medios lusos, y la mayoría de las conexiones ferroviarias estaban interrumpidas.

En los servicios municipales y estatales, como los tribunales, puntos de atención al ciudadano y oficinas ministeriales, la incidencia de la huelga era "considerable", según los sindicatos de funcionarios, pero se registraba actividad.

También los centros educativos de la región capital y de las mayores ciudades lusas se veían afectados de manera irregular por la protesta y en algunos institutos se advertía falta de alumnos más que de profesores, según testimonios de las televisiones lusas.

Como es tradicional en Portugal, el Gobierno no ha hecho comentarios ni ha facilitado datos sobre la incidencia de la huelga, la tercera en un año, convocada por la CGTP para repudiar la política de austeridad del primer ministro conservador, Pedro Passos Coelho.

El paro no ha registrado incidentes salvo altercados entre la Policía y piquetes que promovían la huelga en estaciones de autobuses de Lisboa, en las que se produjo, según fuentes extraoficiales, una detención.

La presencia de fuerzas policiales en algunas terminales de transporte fue considerada por la CGTP una muestra de "intimidación" y "nerviosismo" del Gobierno ante el impacto del paro.

El secretario general de la CGTP, Armenio Carlos, denunció ante los periodistas que la presión policial es "inadmisible" y limita el derecho a la huelga.

La central sindical se felicitó por el seguimiento de la protesta y calculó la adhesión "en más del 90 %" en muchos servicios, sobre todo el transporte.

Sin embargo, el tráfico rodado presentó, a primera hora de la mañana, los atascos habituales en los accesos a las grandes ciudades.

Durante la madrugada, de acuerdo con los sindicatos municipales, apenas se prestaron los servicios de limpieza y en Lisboa sólo circularon dos vehículos de un parque de 121.

Carlos y los principales dirigentes de las dos fuerzas marxistas del Parlamento portugués, el Partido Comunista (PCP) y el Bloque de Izquierda (BI), se sumaron a los piquetes que promovieron la huelga desde la medianoche y llamaron a la población a secundarla.

El líder de la CGTP reclamó un cambio urgente de política a Passos Coelho en uno de sus actos en el centro de Lisboa.

Fuera de la capital, la información sobre la actividad en los centros fabriles era confusa, con declaraciones sindicales sobre un seguimiento alto en el cinturón industrial de Lisboa pero ausencia total de datos, como también es tradicional en Portugal, de las empresas y organizaciones patronales.

Los mayores astilleros del país, los de Viana de Castelo, en proceso de privatización, están completamente paralizados, de acuerdo con sus sindicatos y varios medios.

Al sur de Lisboa, en Barreiro, hubo actos de vandalismo en una estación ferroviaria y se informó de la destrucción de cajeros automáticos en puntos del interior del país.

En el aeropuerto de Lisboa fueron cancelados más de doscientos vuelos, la mitad de los previstos, y según los sindicatos de estibadores también los principales puertos están semiparalizados.

La huelga tiene lugar mientras la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizan la sexta inspección a Portugal para verificar el cumplimiento del programa de ajustes asociado al rescate financiero que le otorgaron el año pasado.