La moratoria de dos años aprobada por el Consejo de Ministros para familias especialmente "vulnerables", sin contemplar la dación en pago ni modificar la ley, no convence a los afectados canarios. Desde Stop a los Desahucios, tras dos años de lucha en la calle, el decreto que ayer entró en vigor sólo merece el calificativo de "burla". La mayoría de los perjudicados no encaja en los requisitos exigidos en el decreto que ayer entró en vigor. Esto es, hogares cuyos ingresos sean inferiores a 1.597 euros mensuales donde la cuota de la hipoteca suponga más del 50% de los ingresos netos de la unidad familiar y se cumpla además una de estas condiciones: ser familia numerosa, tener un hijo menor de tres años, discapacitados o dependientes a su cargo, que estén en paro y hayan agotado la prestación o sean víctimas de violencia machista.
Para Facua-Consumidores en Acción la medida no es más que una muestra de la insensibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy con el "drama de los desahucios". El portavoz de la asociación de consumidores, Rubén Sánchez, lamentaba ayer que "ni siquiera los suicidios que han trascendido a la opinión pública" hayan provocado que el Ejecutivo ponga en marcha cambios legislativos a la altura de la "tragedia social que atraviesa España". Desde su punto de vista, el decreto es una "pantomima" que no da respuesta real a los cientos de familias a los que les ha sobrevenido este problema.
Precisamente ayer se tenía noticia de un nuevo suicido. Un hombre de 50 años falleció en Córdoba tras arrojarse al vacío desde una segunda planta cuando la comitiva judicial entraba en el inmueble del que iba a ser desahuciado.
Jueces
Las dudas sobre la efectividad de la nueva norma, que deberá ser mejorada en su trámite parlamentario, llegan también desde el ámbito de la judicatura. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aplaude la medida, pero la considera "claramente insuficiente" para solventar la situación actual y reclama medidas "bastante más contundentes", como posibles quitas de la deuda, una reforma de las cláusulas de las hipotecas y mayor control y limitación de los tipos de interés en la mora. La portavoz de la APM, Maite Sáez, señaló ayer que los jueces habrían preferido una definición más amplia de los requisitos que deben cumplir los futuros beneficiarios de la suspensión de los desalojos para así contar con mayor margen de interpretación a la hora de aplicar la normativa.
En sentido similar se manifestó el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, quien celebra la moratoria de dos años pero subraya la necesidad de que desde la Cámara legislativa se continúen dando pasos para modificar la legislación hipotecaria española, que data de 1909.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, destacó ayer igualmente que aún "queda mucho camino por recorrer" y pidió nuevas medidas como la creación de un concepto jurídico denominado "deudor de buena fe".
A través de un comunicado, Becerril manifestó que se ha afrontado "el daño social más urgente" y resaltó de forma especial la creación de un fondo social de viviendas para personas desalojadas. Sin embargo, subrayó que se debe seguir avanzando en la regulación de otros asuntos como son la elaboración del concepto jurídico del "deudor de buena fe", la constitución de un procedimiento para las situaciones de insolvencia personal y familiar o la posibilidad de limitar los intereses de demora y los gastos de ejecución.
El único miembro del Gobierno que hizo frente ayer a las críticas por parte de las organizaciones sociales fue el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien aseguró que confía en que se produzcan avances.
El ministro argumentó que, en circunstancias normales, los requisitos de los créditos hipotecarios deben ser cumplidos, pero ahora se vive una situación excepcional que "también obliga a tener en cuenta la realidad y sufrimientos de las personas víctimas de una crisis, que tiene causas muy diversas, pero entre ellas una debilidad en la regulación de los mercados financieros y en la supervisión de los mercados financieros que han determinado que se produzcan excesos".
