El 30 de noviembre finaliza el plazo para que los patrimonios residenciados en el extranjero y no declarados afloren. Es la fecha tope para regularizar este fraude continuado a la Hacienda española mediante lo que ha venido en llamarse amnistía fiscal. Según expertos consultados, la cantidad de contribuyentes canarios que se acojan a esta medida de gracia dada a conocer el pasado mes de marzo por el Gobierno de Mariano Rajoy no será inferior al centenar.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria ha enviado cartas a un selecto grupo de contribuyentes solicitándoles información sobre sus posesiones -muebles, inmuebles o de cualquier otro tipo- fuera de España. Fuentes de la propia Hacienda afirmaron que no son más de 45 las misivas remitidas en toda España y no pueden vincularse a la proximidad de la fecha de finalización del plazo para la regularización.
Expertos en consultoría fiscal coinciden en no creer que esos envíos sean casuales, por la cercanía de la fecha tope y por la reciente promulgación -el 30 de octubre- de la Ley 7/2012 que establece un duro régimen sancionador para quienes no informen de sus posesiones más allá de nuestras fronteras. "La sanción mínima solo por el hecho de no informar asciende a 10.000 euros", explica una de las fuentes consultadas. A partir de ahí, las deudas con Hacienda en caso de mantenerse en la ilegalidad y ser descubierto crecen exponencialmente.
El objetivo que se marcó el Gobierno central en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012 fue recaudar 2.500 millones de euros por esta vía. "No creo que se alcance esa cifra", explicó uno de los expertos consultados. A su juicio, la recaudación "será como mínimo de unos cuantos centenares de millones de euros y, lo más importante, muchos contribuyentes que mantenían importantes cantidades fuera del circuito, empezarán a declarar".
Para empezar, quienes se acojan a la medida de gracia tendrán que hacer una declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas complementaria a la presentada por el ejercicio fiscal 2011, ya que la amnistía abarca solo a los años 2008, 2009 y 2010. Pero las ventajas de regularizar los bienes y capitales son muchas frente a los inconvenientes de no hacerlo, según afirman todas las fuentes consultadas. Precisamente esa Ley 7/2012 ha venido a aclarar "por lo menos el 90%" de las dudas que aún quedaban pendientes por solventar del Real Decreto 12/2012 del mes de marzo, la primera medida aprobada por el Ejecutivo central para poner a caminar la amnistía fiscal.
"El primer texto era una auténtica chapuza, generaba inseguridad y de hecho no hubo ningún tipo de movimiento de contribuyentes pidiendo información al respecto", afirmó una de las fuentes consultadas, que no eludió pronunciarse sobre la justicia de la medida puesta en marcha por el Gobierno: "Desde el punto de vista ético, esta norma no es exquisita", concluyó.
Se refería de ese modo a que con esta medida, quien ha estado defraudando sistemáticamente al fisco "entra en la legalidad con unas condiciones incluso cómodas, porque lo hace tributando a un 10%, un tipo al que cualquier canario o cualquier ciudadano español estaría encantado de acogerse". Además, el defraudador que decide dejar de serlo ni siquiera tiene que hacer frente a intereses de demora.
Ese caramelo, unido a las graves consecuencias que tendría mantenerse en el fraude y ser detectado, es el motor en que confía la Agencia Tributaria para sacar del lado oscuro al mayor número posible de contribuyentes.
Las facilidades, a decir de asesores fiscales consultados, son demasiadas como para dejar pasar la oportunidad. "Estamos hablando de muy pocas personas, si fuesen muchas las que están en esa situación, el Estado habría quebrado hace mucho tiempo", según expuso uno de los consultados.
Las cartas
En cuanto a las cartas supuestamente coercitivas enviadas desde la ONIF, los asesores fiscales confirman que "se han enviado pocas. De lo contrario, ya habría llegado un ejemplar al cliente de algún compañero".
En una conferencia celebrada en Madrid el 24 de octubre, miembros de la Agencia Tributaria aseguraron que la vía para fomentar la regularización era la ley en ciernes -publicada el día 30 de octubre- y no el envío masivo de cartas.
