Un año después de la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, el sector financiero está a punto de concluir un intenso proceso de reestructuración, forzado por una oleada de cambios normativos, fusiones y recapitalización sin precedentes en España.
El saneamiento bancario ha sido una de las reformas clave del Ejecutivo de Rajoy, decidido a que las entidades resultantes sean solventes y, sobre todo, "vuelvan a dar crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, sin lo cual no habrá recuperación", según dijo hace un año.
Para este fin, Rajoy puso al frente del Ministerio de Economía a Luis de Guindos, quien como una de sus primeras medidas acotó el sueldo de los directivos de las entidades rescatadas o que habían recibido ayudas públicas y redujo los órganos de control en las cajas.
En esta primera reforma financiera, aprobada el 3 de febrero, el Gobierno también endurecía las exigencias de provisiones del sector, ya que las dudas que suscitaba la valoración de los activos de los bancos y cajas españolas lastraban su credibilidad.
Así, según la norma, el sector financiero tenía un mínimo de un año para sanear sus activos inmobiliarios más problemáticos con 54.000 millones de euros. El periodo se alargaba si se encontraba en proceso de fusión.
Meses más tarde, a principios de mayo, el Gobierno decidía dar un paso más y aprobar su segunda reforma financiera, que en este caso obligaba a las entidades a provisionar los activos inmobiliarios sanos.
De esta manera, el Gobierno imponía al sector un saneamiento de sus activos inmobiliarios que superaba los 75.000 millones de euros.
En medio de este proceso, y al no poder cumplir con los nuevos requerimientos, varias entidades se veían abocadas a desaparecer del mapa bancario español, como Banca Cívica, que era absorbida por CaixaBank, o Pastor que se fusionó con el Popular.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fue adjudicada al Sabadell y la catalana Unnim, al BBVA.
Bankia
No obstante, el punto de inflexión en este proceso de saneamiento del sector financiero se producía con la nacionalización de la cuarta entidad más importante de España, Bankia.
A principios de mayo, Rodrigo Rato dimitía como presidente de la entidad, cuya dirección asumía Jose Ignacio Goirigolzarri.
Pocos días después se conocía que la matriz de Bankia, Banco Financiero y de Ahorro (BFA), había registrado en 2011 pérdidas de más de 3.000 millones de euros.
Para poder sanearse, Bankia pedía al Estado una ayuda pública de 19.000 millones, un importe al que había que sumar los 4.465 ya inyectados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta nacionalización representa el rescate más caro de la historia financiera de España y ha supuesto un punto de inflexión en el proceso de saneamiento del sector.
Y es que, tras la nacionalización de Bankia, el Ejecutivo se vio obligado a pedir ayuda a los socios europeos para sanear todo el sector.
En concreto, el 25 de junio, De Guindos anunciaba que el Gobierno había solicitado de forma oficial "asistencia financiera" para las entidades con necesidades de capital, para las que Europa ponía a su disposición hasta 100.000 millones de euros.
La citada ayuda está sujeta a varias condiciones que se recogen en el memorando de entendimiento, entre las que se encuentra la reestructuración de las entidades nacionalizadas (BFA/Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia) y la creación de un "banco malo".
El 28 de noviembre, la Comisión Europea aprobará dichos planes y después de ello, se entregará la ayuda.
Como consecuencia de este préstamo, el Gobierno aprobaba el 31 de agosto su tercera reforma, que en este caso contemplaba segregar los activos tóxicos de las entidades en un "banco malo" y abría la puerta a la liquidación de entidades inviables.
Además, se obligaba a la banca a elevar su nivel de solvencia hasta el 9 %.
Para concretar el importe total de la ayuda, la banca se sometió a un test realizado por la consultora Oliver Wyman, que desvelaba que el sector tiene un déficit de capital de 53.745 millones.
Del total del sector, siete grupos bancarios -el Santander, el BBVA, La Caixa, Sabadell, Kutxabank, Bankinter y Unicaja CEISS- no necesitan más capital.
Más ayudas
Banco Popular y la zaragozana Ibercaja, que tenían déficit de capital, podrán recapitalizarse sin apoyo estatal, en tanto que BMN, Liberbank, Caja 3, y CEISS (Caja España-Duero), sí necesitarán ayudas públicas para salir adelante.
Así lo desvelaba hace unos días el Banco de España, cuyo gobernador, Luis María Linde, fue designado por el Gobierno de Mariano Rajoy a principios de junio.
También para cumplir con dicho memorándum de ayuda, el Gobierno ha creado el dominado 'banco malo', sociedad que gestionará activos inmobiliarios tóxicos de la banca por valor de unos 60.000 millones.
Se espera que una vez se traspasen estos activos, quede completada la mayor parte de la reestructuración del sector, aunque los expertos auguran nuevas fusiones en el futuro.
