Los grupos de la oposición han acusado hoy a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de haber engañado a los pensionistas por no haber revalorizado las pensiones de acuerdo con el IPC del mes de noviembre y algunas formaciones, como la Izquierda Plural o UPyD, han sugerido que Báñez debería dimitir por ello.

Durante la comparecencia de la titular de Empleo en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, los grupos de la oposición han lamentado que el Ejecutivo haya tomado la decisión sobre las pensiones sin consultar con el resto de la Cámara Baja o con los agentes sociales.

Así, la diputada socialista Isabel López I Chamosa ha cargado contra el Gobierno "por haber engañado a los pensionistas y a los ciudadanos desde el primer día", y ha citado como ejemplos la subida del IRPF, del IVA o el copago de medicamentos que, en suma, según la diputada, han reducido las pensiones hasta un 15 % en algunos casos.

Además, ha considerado que quien debería haber comparecido en el Congreso es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "que es el primero que dijo que no tocaría las pensiones", ha asegurado.

No obstante, López I Chamosa ha mostrado la disposición de su grupo para el diálogo y ha subrayado que el PSOE no se opone a la utilización del fondo de reserva de las pensiones, sino a que utilice "sin control" y "sin explicaciones" a los agentes sociales o a los grupos parlamentarios.

Desde la Izquierda Plural, Joan Coscubiela ha sido especialmente crítico con la ministra "por no ser capaz de mantener su palabra ni treinta días".

Con ello, Coscubiela ha hecho referencia al voto favorable del Partido Popular a la moción de su grupo que instaba al Ejecutivo a revalorizar las pensiones conforme al IPC de noviembre, que fue aprobada en el Congreso el 30 de octubre.

Por este motivo, ha recalcado que Báñez "no puede continuar en el cargo" y debe dejar paso a alguien que sea capaz de defender los derechos de los trabajadores de los pensionistas.

Desde el PNV, su portavoz Emilio Olabarría, ha opinado que el decreto vulnera el artículo 48 de la Constitución y el Gobierno lo considera un ejercicio de responsabilidad, por lo que ha sentenciado que "es la primera vez" que ve que se califica así al "incumplimiento" de una ley.

El diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha dicho que esperaba una "explicación coherente" por el cambio de la decisión del Gobierno en materia de pensiones.

Además ha resaltado que la ministra debería explicar qué ha pasado este último mes para que el Gobierno haya cambiado su decisión después de votar a favor de la moción de la Izquierda Plural que instaba a la revalorización.

También ha recordado que en otros países democráticos si un gobernante falta a la verdad debe dimitir "mientras que en España se ha engañado a los ciudadanos".

En esta línea, el diputado de CiU Carles Campuzano ha acusado al Gobierno por incumplir el Pacto de Toledo ya que la ministra ha comparecido en la Comisión, después de haber aprobado el decreto y no antes, por lo que ha pedido que el decreto se tramite como proyecto de ley.

La decisión de no revalorizar las pensiones según la ley se acumula desde mayo de 2010 y los pensionistas desde enero de ese año hasta octubre de 2012 han perdido un 8,1 % su poder adquisitivo en el Estado; y en Cataluña el 9,2 %, ha aseverado.

Por parte del BNG, la diputada Olaia Fernández ha subrayado que la reforma laboral está perjudicando los resultados de la Seguridad Social ya que, según ha considerado, al facilitar el despido hay menos trabajadores y aquellos que están en activo cobran menos, por lo que las cotizaciones son menores.

Desde Amaiur, Sabino Cuadra ha acusado al Gobierno de ocultar la decisión de no revalorizar las pensiones de forma "premeditada" para evitar los costes electorales de la decisión en los comicios del País Vasco, Galicia y Cataluña.

La diputada del PP, Carolina España, ha señalado que el PSOE en una situación "mucho menos complicada" que la actual congeló las pensiones y que ahora cuando el PP va a subir un 2 % para el 75 % de las pensiones, plantea presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la medida.