Bankia es desde el lunes persona jurídica "non grata" para Santa Cruz de Tenerife. El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, explicó ayer que el pleno municipal había dado diez días a la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri para llegar a un acuerdo sobre la dación en pago a un desahuciado, plazo que se cumplió el pasado viernes sin que se resolviera el caso. El resultado: el banco ya es "persona non grata" por acuerdo unámime de los grupos municipales -Coalición Canaria, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Sí se puede y Por Tenerife-.

Pese a lo grandilocuente de la declaración, lo cierto es que está no tendrá efectos prácticos de ningún tipo. Ahora bien, como explicó Bermúdez, a ninguna entidad, empresa o persona en la ciudad le gustaría un pronunciamiento de este tipo por parte de todos los grupos políticos.

Esta fórmula es utilizada por las administraciones para declarar que una persona o entidad no resulta del agrado de los órganos de Gobierno, sin más consecuencias. No ocurre lo mismo en la diplomacia, donde esta declaración se utiliza para miembros de las delegaciones de otros países y sí tiene consecuencias jurídicas porque puede suponer su expulsión del país.

El alcalde apuntó que la "única" relación económica que mantiene el Ayuntamiento santacrucero con Bankia en la actualidad es el pago de una deuda contraída dentro del plan de ajuste municipal y sólo porque la asignación de los bancos a los que había que solicitarles el crédito se marcó desde el Ministerio de Hacienda.

Una imposición posterior a la decisión tomada por el grupo de Gobierno a principios de noviembre de retirar del banco un depósito de 1,5 millones de euros en respuesta a la vulneración, por parte de Bankia, del Protocolo Antidesahucios de la ciudad. Y que se ejecutara la hipoteca sin tomar en consideración ninguna de las medidas alternativas propuesta por las Corporación, como una moratoria en el desahucio y en el crédito hipotecario, alquiler social, posibilitar la petición de ayudas o la dación en pago.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue el primer de España en hacer frente a los bancos con los desahucios. Luego siguieron muchos más.

El paso dado a conocer ayer es el resultado del imcumplimiento de un acuerdo verbal al que se llegó con el banco precisamente para dar una solución a la vecina, Carmen Ocaña, que dio lugar al enfrentamiento con el que Bermúdez que hizo popular en todo el país.

Tras las protestas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y los acciones emprendidas desde el Consistorio Bankia a principios de noviembre se cerró un acuerdo verbal para otorgar a la afectada y otros dos ciudadanos un alquiler social después de quedarse con sus casas. Sin embargo, el acuerdo sigue sin ejecutarse. Bankia alega que el Ayuntamiento no ha puesto su parte de la ayuda .

Ante tal respuesta, Bermúdez aseguró que "a primera hora" [de hoy] pagará de su bolsillo el dinero necesario, "si es que este es el único inconveniente que tiene Bankia para cumplir el acuerdo".

"Bankia sabe perfectamente que los expedientes en el Ayuntamiento para tramitar ayudas para el alquiler llevan su proceso, y más teniendo en cuenta que este caso es más complicado porque surge de un desahucio. Pero si el problema que tiene este banco es que el Consistorio aún no ha podido ingresar los 1.800 euros anuales, y esto pone en peligro que Carmen Omaña continúe en su casa, entonces yo mismo le ingresaré a Bankia los 300 euros correspondientes a estos meses", declaró enfadado el alcalde nacionalista en rueda de prensa.

Bermúdez se preguntó en voz alta cómo era posible que d "una entidad financiera que ha sido rescatada con el dinero de todos los españoles", se queje de que el Consistorio no haya ingresado aún una ayuda para el alquiler cuando "sabe que se está tramitando y que se va a pagar en estas semanas".

Por su parte, los Afectados por las Hipotecas celebraron la mano dura desmostrada por el Ayuntamiento. La portavoz de la Plataforma, Inma Évora, señaló que es una muestra más de que "la sociedad está avanzando". "Ya no solo contamos con la aprobación de la mayoría absoluta de la población, a excepción del PP. También están pasando cosas a nivel jurídico muy importantes. La dación en pago era antes inviable para los políticos, y ahora ellos mismos apoyan esta medida", señaló.